Hoy miércoles, denunciantes, alertadores y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas, la PDLI) se han reunido con el Ministerio de Justicia para trasladar al Gobierno la necesidad y urgencia de transponer la Directiva de protección de los ‘whistlebowers’ (ver posición común).

Durante la reunión, el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, ha centrado su intervención en las revelaciones públicas, los casos de persecución a periodistas por publicar filtraciones, y la amenaza penal que existe en España ante estas situaciones, citando casos, como el del máster Cifuentes, Football Leaks, los Papeles de la Castellana o la acusación contra ABC, denunciados todos ellos (entre otros) por la Plataforma.

Sánchez Almeida ha explicado que “el artículo 15 de la Directiva garantiza la posibilidad de revelaciones públicas ‘cuando no funcionan las oficinas de denuncia interna o externa, o en casos urgentes’, y ‘cuando la persona tiene motivos razonables para pensar que la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, como, por ejemplo, cuando se da una situación de emergencia'”

También cuando “existe un riesgo de daños irreversibles, o en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo a la infracción debido a las circunstancias particulares del caso, como que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicada en la infracción”.

A juicio de la PDLI “este artículo permite toda revelación con interés público informativo“.

Además, Sánchez Almeida ha incidido en la necesidad de modificar el artículo 197 del Código Penal para proteger a periodistas y fuentes, por la que transposición se debería hacer mediante una Ley Orgánica.

“Tras la condena de Roberto Macías [denunciante de UGT] por revelación de secretos, ningún periodista o fuente puede estar tranquilo hasta que se trasponga la Directiva”, ha concluido.

Desde su constitución en 2014 la PDLI ha venido reclamando, entre una de sus prioridades, que se garantice la protección de periodistas, medios y fuentes ante la publicación de revelaciones públicas de interés informativo.

También han intervenido en este encuentro con el Ministerio de Justicia representantes de las organizaciones: Hay Derecho, Xnet, Más Democracia, Blueprint for Free Speech y ADUCCO (Alertadores y Denunciantes Unidos Contra la Corrupción).

Vídeo

Intervención de Carlos Sánchez Almeida en el V Congreso Internacional de Transparencia (30 de septiembre de 2020) sobre la transposición de la Directiva de protección de ‘whistleblowers’.

Documento

Posición común de alertadores y organizaciones sociedad civil sobre la Directiva

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