La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) copatrocina la tercera edición del Congreso Internacional de la Transparencia que se inaugura mañana en Cádiz y que reunirá a más de trescientos profesionales e investigadores.

La protección de los denunciantes y las filtraciones periodísticas; el uso muy escaso aún de la Ley de la Transparencia por parte de los medios; la tensión entre protección de datos personales y derecho a  la información en asuntos como el derecho al olvido; y el riesgo de justificar la censura de contenidos en Internet con la excusa de las ‘fake news’, son algunos de los temas que la PDLI llevará, un año más, a debate al Congreso.

La Plataforma planteará la necesidad de reformar la normativa relativa a revelación de secretos y delitos informáticos para que alertadores que filtren información de interés público no puedan ser perseguidos penalmente.

La PDLI destaca que la protección de los denunciantes es una de las prioridades que planteó a los Grupos Parlamentarios para esta legislatura y recuerda que el Proyecto de Ley que ahora tramita el Congreso deja fuera a los llamados ‘whistleblowers’.

Además, advertirá frente a la propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de la ley de protección de datos para, supuestamente, frenar la proliferación de noticias falsas, y que, a juicio de la Plataforma, supone en la práctica censurar los contenidos de Internet sin ningún tipo de control judicial.

Por parte de la PDLI el Congreso Internacional de Transparencia intervendrán Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma y codirectora de Público y Yolanda Quintana, secretaria general.

Manuel Sánchez de Diego, jurista experto en transparencia y socio fundador de la PDLI, es el presidente del Comité Científico del Congreso y será encargado de clausurarlo el viernes 28 de septiembre.

En el marco del Congreso se presentará la ‘Declaración de Cádiz’, un manifiesto suscrito por todos los consejos de transparencia en el que se reclama un mayor compromiso por parte de las Administraciones y más medios -incluyendo la capacidad sancionadora- para poder cumplir su misión de velar por este derecho que, además, piden que sea reconocido como fundamental.

La ‘Declaración de Cádiz’ cuenta con el respaldo por organizaciones sociales de defensa del derecho de acceso a la información, entre ellas la PDLI.