Hace ahora cuatro años que entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. Desde entonces, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha venido documentando y denunciando las consecuencias de esta norma para la libertad de expresión e información a causa de las multas injustificadas a ciudadanos y profesionales ejerciendo estos derechos. El propio Defensor del Pueblo ha reconocido esta situación, recogiendo las reiteradas quejas de esta Plataforma.
Por eso, que esta realidad se asuma por el candidato a la presidencia del gobierno en su discurso de investidura, y que se prometa corregir, merece celebrarse, a juicio de la PDLI.
Sin embargo, ante este anuncio, desde la PDLI se recuerda que fue una medida ya prometida en la anterior investidura de Sánchez sin que durante el último año se haya concretado. Además, el candidato tampoco ha aclarado si el alcance de la derogación quedaría limitado, tal como manifestó en su discurso de 2018, a los artículos de la ley que el PSOE recurrió ante el Constitucional.
Ante estas incertidumbres, y dado que estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales, la PDLI considera necesario que, por un lado, se establezca un plazo limitado para que esta derogación llegue al BOE y, en segundo lugar, que esta derogación abarque la totalidad de los artículos que son contrarios al ejercicio con garantías de la libertad de expresión e información, en particular los que están originando un mayor número de sanciones en este ámbito como son “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”, tal y como la Plataforma viene documentando y denunciando, junto con el artículo 36.23 sobre fotografías a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Denunciantes
En cuanto al anuncio de aprobar una ley integral de protección de los denunciantes, que la PDLI también ha reclamado en el Congreso, por su importancia para el derecho a la información de la ciudadanía, se valora, igualmente, positivamente.
Ahora, tanto los ‘whistleblowers’ que revelen información relevante mediante la filtración de documentos, como, en algunos casos, los periodistas y medios que trabajen con este material se enfrentan a serias amenazas legales.
Pero esta situación que no cambiará si la medida anunciada por Sánchez es igual de limitada que la Proposición de Ley que se tramitó en el Congreso la pasada legislatura, al excluir a gran parte de las filtraciones de los últimos años como la lista Falciani o los Papeles de Panamá y solo dar cobertura a denunciantes de la Administración, y en casos muy tasados.
Por esto, la PDLI viene pidiendo que se regule cuanto antes una protección amplia de los denunciantes que ampare a las personas que revelan información de interés público, (sean de la Administración o de empresas privadas) incluyendo, con las cautelas oportunas, a quien obtenga información relevante sobre irregularidades o comportamientos ilícitos, mediante el acceso a sistemas informáticos o a dispositivos.
Omisiones
A pesar de la importancia de estas dos medidas, la PDLI recuerda que las principales amenazas a la libertad de expresión de los últimos años se están produciendo por la aplicación del Código Penal y los llamados ‘delitos de opinión’, cuya derogación o modificación no ha sido mencionada por el candidato a la presidencia del gobierno en su intervención.
Del mismo modo, desde la PDLI también se echan en falta medidas que se refieran al apoyo a los medios públicos, a la protección de los periodistas y a la superación de las trabas que hoy existen para el acceso a la información pública.
