Hoy, tras meses de parálisis y votaciones dilatorias, se retoma en el Congreso la reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’.

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entidad que ha venido denunciando las sanciones contra periodistas, activistas y artistas en aplicación de esta ley, se lamenta que la norma se vaya a mantener pues supone un recorte de derechos fundamentales en vía administrativa, es decir, sin la exigible intervención judicial. La PDLI viene sosteniendo, además, que se trata de una ley innecesaria para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus derechos y libertades, pues el Código Penal ya cubre esa necesidad, por lo que, en realidad y en la práctica, se trata de una ley de orden público inaceptable en un estado democrático.

En especial, en la PDLI preocupa que la reforma de esta ley se limite a los artículos recurridos ante el Constitucional, tal como anunció el presidente del gobierno en su investidura, pues quedarían en vigor, precisamente, a los más ambiguos y de aplicación arbitraria, que son los que se están aplicando principalmente para recortar la libertad de expresión e información:

“Que se acelera la reforma de la Ley Mordaza, paralizada toda la legislatura, es una buena noticia. Pero, en el caso de la libertad de expresión, hay que recordar que las multas mayoritarias son por ‘desobediencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto” (art. 37.4)”, se recuerda.

La ‘Ley Mordaza’ en cifras

Las estadísticas más recientes del ministerio del Interior, hechas públicas hace apenas unas semanas, demuestran que estos artículos son dos de los generan más sanciones: La aplicación del 36.6 ha supuesto la apertura de 29.438 denuncias por un importe total de 18,1 millones, mientras que por el 37.4 se han impuesto 43.749 multas por valor de 6,5 millones de euros.

Mientras vulnera derechos fundamentales, la ‘Ley Mordaza’ hace caja: desde su entrada en vigor la ley ha recaudado en total casi 270 millones en multas. Las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015; alcanzaron los 89,6 millones en 2016 y en 2017 llegaron a los 135,7 millones.

La PDLI, cuyas quejas por las sanciones en aplicación de esta Ley han sido recogidas en los informes anuales del Defensor del Pueblo, y que además ha logrado que algunas de estas multas a periodistas sean revocadas o suspendidas, denuncia la inconstitucionalidad de los expedientes abiertos contra informadores:

“Los límites al ejercicio de derechos fundamentales, como es la libertad de información, deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva. Es decir, deben responder al principio de proporcionalidad y mostrar una motivación suficiente”, tal como ha venido sosteniendo el Defensor del Pueblo en sus respuestas a las quejas presentadas por la PDLI.

El último caso denunciado por la Plataforma fue la sanción impuesta al cantante Evaristo, líder del grupo punk Gatillazo.

Las otras  ‘Leyes Mordaza’

Por último, la PDLI también destaca que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no es la única ‘Ley Mordaza’: Lo que está llevando a tuiteros y a cantantes a la cárcel es el Código Penal, cuya reforma iniciada recientemente por el Congreso, la PDLI considera inaplazable.