La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha advertido que si la derogación del supuesto ‘núcleo duro’ de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se limita a los artículos recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y los partidos de la oposición en 2015, tal como el gobierno viene anunciando, se pueden mantener en vigor artículos muy lesivos para los Derechos Fundamentales.
Que se acelera la reforma de la #LeyMordaza, paralizada toda la legislatura, es una buena noticia. Pero, en el caso de la libertad de expresión, las multas mayoritarias son por ‘desobediencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto” (art. 37.4)”https://t.co/qjagXqODg8
— PDLI (@PDLI_) 25 de junio de 2018
La PDLI recuerda que las sanciones contra la libertad de expresión se están produciendo principalmente por supuestos como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”.
Sin embargo, estos artículos no se incluían en el recurso ante el Constitucional, que se limitaba a los siguientes: 19.2 (diligencias de identificación y registro), 20.2 (registros corporales); 36.2 (manifestaciones frente al Congreso); 36.23 (fotografías a policías); el 37.1 (infracciones en el ejercicio del derecho de manifestación), en relación con el 30.3 (responsabilidad solidaria en la convocatoria), 37.3 (restricciones en el itinerario) y 37.7 (ocupación pacífica de vías o inmuebles); y la disposición final primera (devoluciones en caliente).
El problema de esos artículos que quedarían fuera de la derogación ha sido subrayado por el Defensor del Pueblo en distintas ocasiones a raíz de las quejas presentadas por la PDLI: en estas multas la policía no está teniendo en cuenta que la persona denunciada está ejerciendo un derecho fundamental y que, en estos casos, “los límites deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva”.
“La aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental. La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio (STC 159/1986)”, afirmaba el Defensor en el escrito en el que instaba a revocar la multa a la periodista Mercè Alocer por “desobediencia a la autoridad”.
La PDLI denuncia que las cifras ponen en evidencia que esa ponderación no se está produciendo y que, al contrario, estos preceptos se están usando como ‘cajón de sastre’ para impedir u obstaculizar el ejercicio a la libertad de expresión pues su incremento desproporcionado no se corresponde con el actual clima de calma social:
Así, las multas por multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (artículo 36.6 de la Ley) aumentaron significativamente en 2016 (último año del que Interior ha ofrecido datos) alcanzando las 12.094, es decir, un tercio más que al año anterior. El importe económico de esas sanciones fue de 10.196.817 de euros.
Un incremento aún mayor se registró por supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que llegaron a triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un coste de 3.006.761 euros, mientras que en 2015 (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse la ley) se habían sancionado “sólo” 3.130 conductas por este mismo concepto.
El Código Penal, la otra ‘Ley Mordaza’
Finalmente, la PDLI advierte que las vulneraciones más graves contra la libertad de expresión no tienen su origen en esta ley, sino en el Código Penal:
“No podemos olvidar que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no es la única ‘Ley Mordaza’. Lo que está llevando a tuiteros y a cantantes a la cárcel es el Código Penal”, ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
“Que se acelere la reforma de la ‘Ley Mordaza’, paralizada toda la legislatura, es una buena noticia. Sin embargo, confiamos en que la derogación incluya los artículos que realmente se están aplicando contra la libertad de expresión, pero que no están entre los recurridos por el PSOE ante el Constitucional. Además, las medidas del gobierno para garantizar este derecho fundamental no pueden limitarse a esta reforma”, concluye.
El actual Gobierno no tiene mayoría para cambiar el Código Penal, pero la nueva Fiscala Generala del Estado sí tiene la capacidad de ordenar a los fiscales que no pidan cárcel por delitos de opinión.
— Almeida (@bufetalmeida) 25 de junio de 2018
La PDLI espera poder reunirse con los responsables de Interior y Justicia antes de la pausa del verano para trasladarles sus prioridades en materia de libertad de expresión e información.
Acto en el Congreso
Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) intervendrá el próximo 4 de julio en el acto que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados con motivo del aniversario de la entrada en vigor de las conocidas como ‘Leyes Mordaza’ y en el que diversos colectivos integrantes de la plataforma ‘No Somos Delito’ (entre otros, Amnistía Internacional, Greenpeace, Cáritas o la PAH) describirán el impacto de este paquete legislativo en los Derechos Fundamentales.
🔴 La @PDLI_ participará en el acto #CongresoSinMordazas 😷 para defender la libertad de expresión e información y para denunciar cómo las #leyesmordaza la están vulnerando. 4 de julio en @Congreso_Es. ¡Veníos! pic.twitter.com/O3U1dOwENP
— PDLI (@PDLI_) 26 de junio de 2018
La PDLI será la encargada de resumir las consecuencias de estas leyes en las libertades de expresión e información y pondrá el acento en las mujeres periodistas que las han sufrido.
