Mañana el Pleno del Congreso votará, de manera definitiva, la nueva Ley de Propiedad Intelectual, tras haber pasado en diciembre el trámite en el Senado.

Esta ley, contra la que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) lleva alertando meses, elimina la necesidad de autorización judicial para el cierre de webs en caso de supuesta reiteración de una infracción, a raíz de una enmienda conjunta pactada por alarmante la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos.

Además, esta modificación de la ley obliga, en la práctica, al titular de una web a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas actualmente vigentes.

La PDLI considera esta reforma una vulneración del derecho constitucional a la información: “es gravísimo que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afecta o no a la libertad de expresión” y recuerdan que “el artículo 20.5 de la Constitución exige una orden judicial para el secuestro de publicaciones”.

Para conocer la opinión de la ciudadanía sobre estos cambios, la PDLI encargó un sondeo a GAD3 cuyos resultados se presentaron el pasado mes de diciembre. Según este estudio, tres de cada cuatro encuestados (74%) se muestran contrarios a que el Gobierno pueda cerrar webs sin autorización judicial y siete de cada diez (69%) españoles opinan que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión en Internet. Los entrevistados más jóvenes (18 a 44 años) son los que opinan esto en mayor medida.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual ha generado el rechazo de todos los eslabones de la cadena informativa: editores, empresas digitales, periodistas y usuarios se han unido contra esta reforma en un Manifiesto promovido por la PDLI en el que denuncian que esta reforma “tiene un impacto grave, desproporcionado e injustificable sobre las libertades en Internet y sobre el desarrollo económico de las empresas digitales”.