La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), que ha venido criticando la trasposición de la Directiva sobre copyright mediante un Real Decreto Ley por la amenaza que representa para la libertad de información y de expresión en Internet, ha alertado hoy frente a un artículo especialmente grave de esta norma, que advierte que podría ser considerado inconstitucional.

“Podría ser inconstitucional, en primer lugar, por supuesto, por recurrir al Real Decreto sin que hubiese extraordinaria y urgente necesidad, esto ya se sabía. Pero también es inconstitucional por algo muchísimo más grave:porque se pretende aplicar la inversión de la carga de la prueba en procedimientos penales”, explica Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PLI.

Por un lado, el artículo 73.4 del Real Decreto Ley establece que las plataformas de compartición de contenidos, los prestadores de servicios, siempre serán responsables en cualquier comunicación pública de las infracciones de copryright, a menos que demuestren, entre otras cosas, que han hecho los mayores esfuerzos para evitar que ese contenido esté en su red y que, en todo caso, han obrado de forma expeditiva para borrarlo. El problema está en que “acto seguido, en el Artículo 73.5 se nos habla de la responsabilidad incluso penal que tengan estas plataformas, y una cosa no cuadra con otra desde el punto de vista constitucional”, alerta Sánchez Almeida.

Para la PLI se trata de una interpretación expansiva de la Directiva de una enorme gravedad.

“Es sabido que el artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la presunción de inocencia y garantiza también el derecho a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable, pero básicamente el espíritu de lo que es el principio de presunción de inocencia es que no se puede obligar al acusado a aportar pruebas de su culpa, de su responsabilidad penal y esto es lo que curiosamente pretende la ley Iceta, excediéndose de lo dispuesto en la directiva, en donde no se habla de responsabilidad penal de ninguna manera”, argumenta el director legal de la PLI.

Otras críticas a la ‘ley Iceta’

Esta denuncia de la PLI se suma a otras críticas del Real Decreto Ley que la Plataforma ha venido planteando después de haber analizado esta norma desde varias perspectivas.

Así, se denunció que no había habido transparencia en su redacción y que tampoco había habido diálogo, al no haberse tramitado por vía parlamentaria.

Además, la PLI denunció que el Real Decreto se había excedido en lo dispuesto en la directiva en la medida en la que no solamente cabía la posibilidad de retirar de manera masiva contenidos de Internet por parte de los titulares de contenidos frente a las plataformas de compartición de contenidos como Google, Twitter o Facebook, sino que también se podrá censurar en directo un streaming en el supuesto de que a través del mismo se vulnerasen derechos de autor.

Finalmente, la PLI también mostró su rechazo por una trasposición sin garantías de los artículos más duros de la Directiva, que contemplan el filtrado automático previo de cualquier contenido que un usuario quiere publicar en Internet a través de estas plataformas.

 “Todo esto lo habíamos dicho, lo que no habíamos dicho hasta ahora es que la ley es además inconstitucional. Desde la PLI vamos a seguir exigiendo que los diferentes grupos parlamentarios voten en contra de la convalidación de este real decreto chapuza y alternativamente que hagan lo que dice la Constitución, que es tramitarlo como Ley Ordinaria, para que todas las barbaridades que se han escrito en el Real Decreto se puedan arreglar por los grupos parlamentarios y, por supuesto, entre ellas está la inversión de la carga de la prueba”, concluye el director legal de la PLI.