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Leyes, Novedades

XII legislatura: 10 demandas de la PDLI sobre libertad de expresión

19 Jul , 2016  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha lanzado hoy, con motivo de la constitución de las Cortes, sus prioridades en materia de libertad de expresión e información para la XII legislatura.

La derogación de las conocidas como “Leyes Mordaza”, la recuperación de la independencia de la Radio Televisión pública (RTVE), la protección legal de los denunciantes (los llamados, en inglés, “whistleblowers”) o la reforma de la ley de publicidad institucional para garantizar un reparto verdaderamente objetivo y transparente de estos contratos entre los distintos medios, son algunas de estas peticiones que la PDLI tiene previsto trasladar formalmente a los Grupos Parlamentarios una vez estén constituidos.

A juicio de la PDLI, están serían las tareas más urgentes que los nuevos legisladores tendrían que abordar:

1. Derogación de las “Leyes Mordaza”

Bajo esta denominación se encuentran tres iniciativas legislativas que el pasado 1 de julio cumplieron un año de vigencia: La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal (la iniciada por Gallardón, y la reforma exprés sobre delitos de terrorismo: el denominado “pacto antiyahista”, pero que, en realidad, presenta un amplio catálogo de amenazas a la libertad de expresión e información).

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2. Recuperar la independencia de RTVE

Es necesario derogar el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente. Tras este cambio,  el canal ha sido constantemente acusado de parcialidad y manipulación de la cobertura informativa, lo que llevó a sus propios periodistas a presentar una denuncia ante el Parlamento Europeo en abril de 2015, además de numerosas acciones de protesta que la PDLI ha venido apoyando y difundiendo.

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3. Revisión de los “delitos de opinión” para adecuar nuestras leyes a los estándares internacionales

Casos recientes, como los de César Strawberry (hoy absuelto), el humorista Facu Díaz, Guillermo Zapata, o el de los titiriteros de Madrid, han propiciado que se ponga en tela de juicio, una vez más, la criminalización de las opiniones que permite el actual Código Penal.  No es un debate nuevo: se trata de un tema que la PDLI ya recogió en su informe sobre “Límites y Amenazas a la libertad de Información en España” y cuyas consecuencias, para la libertad de expresión de periodistas, artistas, humoristas o movimientos sociales, la Plataforma viene monitorizando.

Por ello, la PDLI pedirá a los grupos parlamentarios en la nueva legislatura que revisen la regulación del llamado “enaltecimiento del terrorismo”, incluido en el Código Penal en el año 2000, así como los delitos de injurias y calumnias, tal como han recomendado organismos internacionales como la OSCE (Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa).

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4. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prohibición del espionaje preventivo indiscriminado

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es el “complemento” procesal de las “Leyes Mordaza”. Algunas de las principales amenazas de la nueva ley son la posibilidad de ordenar la instalación de programas espía (troyanos) para investigar cualquier delito en la red, los “agentes encubiertos informáticos” que, además, podrán intercambiar archivos ilícitos, o la instalación secreta de dispositivos de localización.

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5. Protección legal de los denunciantes

Buena parte de los hechos relevantes que hemos conocido en los últimos años han procedido de filtraciones. Asuntos como la “lista Falciani”, los “documentos de Snowden”, los “correos de Blesa”, o los “Papeles de Panamá”, entre otros muchos, tienen su origen en denunciantes (whistleblowers) cuya situación legal, a pesar del servicio prestado a toda la sociedad, es muy precaria.

La PDLI va a solicitar que se regule esta figura, asegurando su protección, tal como ocurre en otros países y como ha recomendado el Parlamento Europeo.

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6. Publicidad institucional 

La falta de transparencia y equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre los distintos medios favorece la competencia desleal entre las empresas informativas, suponiendo un obstáculo para la libertad de información, según la PDLI.

A pesar de que existe regulación estatal en la materia (la ley 29/2005), esta normativa no ha impedido que la publicidad de instituciones y organismos públicos, cuyo coste total en la Administración General del Estado es cercano a los 50 millones de euros, se empleé como premio o castigo según la línea informativa del medio.

Para acabar con estas situaciones, la PDLI plantea, por un lado, unos requisitos legales más estrictos, y, por otro, una mayor transparencia en la información sobre contratación de publicidad. Por ejemplo, es necesario establecer criterios del reparto publicitario entre los distintos medios de comunicación, a partir de datos armonizados, medibles y contrastables. La PDLI además propone la posibilidad de que este tipo de contratos no puedan “premiar” prácticas de comunicación que nuestro país se ha comprometido a controlar, como los llamados “anuncios de contactos”.

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7. Promover la protección de los periodistas

 La PDLI pretende que España desarrolle los principios de la Declaración Internacional sobre la Protección de los Periodistas, aprobado en el pasado Congreso Mundial de Periodismo celebrado en Doha, y que estas medidas alcancen a cualquier informador, en particular a los que no cuentan con el apoyo de grandes medios.

Más información:

8. Defensa de un Internet libre y abierto

La neutralidad de la red, según  su definición más aceptada “es el principio por el que todo el tráfico de Internet es tratado por igual, sin bloqueos y sin que se ralenticen o prioricen ciertos datos. Es esencial para la libertad de expresión e información, para la competencia online y la innovación”.

En estos momentos, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) debe redactar las directrices de implementación del “Reglamento del Mercado Único de las Comunicaciones” en los estados miembro. Es fundamental la postura de España en estas negociaciones a favor de un Internet libre y abierto.

Más información:

9. Ley de Transparencia y Ley de Tasas

Además, la PDLI también señala entre las reformas necesarias, la mejora de la Ley de Transparencia, en consonancia con los niveles internacionales más exigentes para este tipo de normas, o la derogación de la Ley de Tasas Judiciales.

Más información:

Imagen:

 Protesta organizada por “No Somos Delito” frente al Congreso por las Leyes Mordaza en la que participó la PDLI junto a otros colectivos. Foto: Dani Gago

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