La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta mañana un escrito de queja ante la Comisión Europea ante las frecuentes denuncias de las que son objeto periodistas en España y cuyo último episodio es el juicio contra el reportero Raúl Capín que se ha celebrado hoy.
A Capín el fiscal pide dos años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad cuando cubría las marchas de las “Mareas ciudadanas” contra los recortes en febrero de 2013.
En concreto, la PDLI se ha dirigido al Comisario de Economía y Sociedad digital, Günther H. Oettinger, al Comisario de Derechos Humanos, Nils Muižniek y al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, a quienes ha transmitido su preocupación por la situación de la libertad de información en España.
En su escrito, la PDLI expone a las autoridades europeas que “junto con las recientes reformas legales que el gobierno ha aprobado el pasado año, conocidas como “leyes mordaza”, nos encontramos con procedimientos judiciales dirigidos contra periodistas, con peticiones incluso de pena de cárcel”.
Denuncias selectivas
“Estos juicios —recuerda la PDLI a la Comisión — son el resultado de las denuncias de las que vienen siendo objeto, en particular, periodistas que informan de manifestaciones u otras acciones de protesta, como encierros o intentos de paralización de desahucios”.
Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que, como queda patente en el caso de Raúl Capín, “tanto la ausencia de pruebas solventes (el juicio fue suspendo previamente por esta razón) como la desproporción de las medidas que rodearon la detención del fotoperiodista, contribuyen a que estos episodios puedan considerarse como un intento de amedrantar a periodistas molestos para las instituciones y, por tanto, una vulneración del derecho a la información”.
Con esta denuncia, la PDLI quiere llamar la atención de la Comisión sobre el número de periodistas, tanto freelance como vinculados a medios de comunicación, que se dedican a la cobertura de protestas y que han sido objeto de detención, denuncia o violencia policial en los cuatro últimos años, según puede comprobarse en la “cronología de ataques a la libertad de información”, elaborada por la Plataforma.
Finalmente, la PDLI, insta a la Comisión a promover “el cese de este tipo de denuncias selectivas, así como la realización de las reformas legales necesarias para que las libertades de información y expresión estén adecuadamente garantizadas en España”, de acuerdo con las normas comunitarias.