La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) que, desde 2014, viene denunciando los límites desproporcionados del Código Penal contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, ha mostrado su satisfacción por el anuncio realizado por el ministerio de Justicia sobre su intención de revisar “los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad” y dejar también “al margen del castigo penal” las manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales

En particular, la PDLI valora que el marco en el que tal “revisión” se acometerá será el que establece “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española”.

“Triunfan los Derechos Humanos. Al fin”, ha declarado la presidenta de la PDLI,  Virginia Pérez Alonso.

Por qué esta reforma es urgente y necesaria

Estas son algunas de las principales razones que explican el alcance del anuncio del Gobierno:

1. Los delitos de expresión del Código penal español vulneran los estándares internacionales

En numerosas ocasiones la PDLI ha venido señalando como estos delitos no respetan los parámetros aceptables para limitar la libertad de expresión. Estos requisitos son, básicamente: la existencia de una norma jurídica clara y específica, que la limitación responda a un fin legítimo y, sobre todo, que cualquier medida restrictiva pueda ser considerada necesaria con relación al fin perseguido, y además, que dicha necesidad tiene que estar en todo caso conectada con la propia noción de Estado democrático.

En un informe jurídico reciente, la PDLI señalaba que el Código Penal español contiene diversas previsiones que no respetan esos principios. Los delitos de terrorismo, injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos, el discurso de odio o el de revelación de secretos son algunas de los aspectos que la PDLI , junto con organizaciones internacionales y expertos, considera urgente modificar o derogar.

2. Organismo internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea piden a España que acometa esta reforma

Naciones Unidas, en el marco de la revisión a la que sometió el año pasado a nuestro país, y la Unión Europea, en su reciente informe sobre “El Estado de Derecho en la Unión” ha instado a España a realizar estas reformas.

La PDLI, que ha sido parte activa en ambos procesos, pidió al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que siguieran estas directrices. La Unión Europea, además, ha vinculado la distribución de ayudas económicas al pleno respeto por parte de los Estados Miembros a estas exigencias democráticas.

3. Sin libertad de expresión no hay democracia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias sobre libertad de expresión, ha venido destacando, siempre, esta conexión directa entre libertad de expresión y democracia. Y el papel crucial que juega la libre circulación de ideas e informaciones en la construcción y desarrollo de una sociedad plenamente democrática. Por eso, es un cometido inexcusable de las autoridades públicas (legisladores, poder judicial…) su respeto y protección.

Y ha recordado que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es válido “no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una «sociedad democrática»

4. Contra el efecto desaliento

Además del daño personal que estos delitos contra los estándares internacionales han causado a las personas a las que se les ha aplicado en estos últimos años (Cassandra, Strawberry, Valtonyc, La Insurgencia, Pablo Hasel…), y que la PDLI ha venido denunciando, caso a caso, desde la Plataforma se lamenta el perjuicio irreparable que el Código Penal ha causado a la democracia y al pluralismo por todas las opiniones, ideas o contenidos artísticos que no se han expresado por esta causa.

Este tipo de causas han actuado como un ‘aviso a navegantes’ y sus consecuencias, en forma de autocensura, han sido manifiestas.

5. El impacto en los medios y el periodismo

El Código Penal no solo ha limitado desproporcionadamente la expresión de opiniones o ideas. También contenidos periodísticos, como la sátira política, ha sido víctima de los delitos contrarios a los estándares internacionales del Código Penal Español.

[Imagen: La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, junto con los juristas de la Plataforma Carlos Sánchez Almeida (director legal) y Joan Barata en un acto tras la condena al rapero Valtonyc]