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Amenazas y presiones, Leyes

La PDLI exige a Interior que las sanciones por la ‘Ley Mordaza’, mientras siga vigente, se ajusten a la Constitución

30 Nov , 2016  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha reclamado a Juan Ignacio Zoido que tome en consideración la valoración de la Defensora del Pueblo sobre las sanciones a periodistas por supuestas infracciones de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’.

La Defensora del Pueblo ha constatado que sanciones a periodistas por la Ley Mordaza no cumplen requisitos de constitucionalidad básicos.

En primer lugar, la PDLI le solicita que revoque la multa de 601 euros impuesta al reportero Axier López, tal como ha sugerido la Defensora del Pueblo por entender que la resolución sancionadora “no hace ningún juicio de proporcionalidad, ni motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siguiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un derecho fundamental”.

Pero, además, la PDLI exige al ministro que, en tanto no se derogue la ley, dé instrucciones a las diferentes Delegaciones del Gobierno para que la aplicación del régimen sancionador de esta norma cumpla con requisitos constitucionales insoslayables como tener en cuenta si los ciudadanos a los que se imputa una infracción están ejerciendo un derecho fundamental y, en ese caso, se evite cualquier medida que suponga “un sacrificio innecesario o desproporcionado o tenga un efecto disuasorio o desalentador en el ejercicio de tal derecho fundamental”, según señala la Defensora del Pueblo.

Aberración democrática

La PDLI considera grave que sea necesario insistir en advertencias jurídicas básicas como las que incluye la respuesta de la Defensora. Por ejemplo, cuando recuerda la “reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio (STC 159/1986)”.

Una obligación que, a juicio de la PDLI, no se estaría cumpliendo: “La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana supone una restricción injustificada al derecho de información. Por eso pedimos al Partido Popular que respete el apoyo parlamentario (con la salvedad del PP) a su derogación y que retire esta aberración democrática lo antes posible” ha manifestado la presidenta de la organización, Virginia Pérez Alonso.

Imagen:
La nueva cúpula del Ministerio del Interior.
Fotografía:
Ministerio del Interior.


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