La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado alegaciones al “Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación” solicitando reforzar las garantías para proteger adecuadamente la libertad de prensa y el pluralismo informativo. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de febrero y ha estado abierto durante las últimas dos semanas a consulta pública.
Si bien la organización valora la relevancia de esta regulación que responde a la necesidad de adaptar el marco jurídico español a normativas europeas, en particular el Reglamento (UE) 2022/2065 sobre servicios digitales y el Reglamento (UE) 2024/1083 sobre medios de comunicación, es necesario que se preserven derechos fundamentales como la libertad de expresión, la información y el pluralismo informativo.
En este contexto, la PDLI ha planteado diversas alegaciones específicas para fortalecer las garantías recogidas en el anteproyecto. Entre las principales propuestas destacan:
- Autorización judicial previa obligatoria antes de aplicar restricciones o retirar contenidos periodísticos, acompañada de procedimientos claros para la revisión inmediata de medidas adoptadas en situaciones urgentes.
- Garantizar proporcionalidad y control judicial en el régimen sancionador, exigiendo que cualquier sanción que afecte a derechos fundamentales sea previamente sometida a verificación judicial.
- Mayor transparencia y objetividad en los procesos de evaluación y autorización de concentraciones mediáticas, estableciendo criterios definidos con antelación y una efectiva revisión judicial para proteger la diversidad informativa.
- Limitar la información requerida en registros públicos de medios exclusivamente a los datos estrictamente necesarios para identificar titularidad y control, garantizando procesos transparentes y sujetos a revisión judicial que impidan la discriminación o presión sobre medios independientes.
- Fortalecer la independencia editorial, asegurando que cualquier inspección técnica o supervisión respete rigurosamente la confidencialidad de fuentes periodísticas y la autonomía editorial de los medios.
“La nueva normativa europea y su adaptación al marco nacional son fundamentales para abordar los desafíos actuales del mercado digital y de los medios de comunicación. No obstante, para alcanzar plenamente estos objetivos es crucial reforzar ciertos aspectos relacionados con la protección judicial efectiva y la independencia editorial”, señala la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana.
La PDLI explica que las alegaciones presentadas tienen tres objetivos principales: asegurar que cualquier restricción o medida que afecte la libertad de prensa esté sometida a control judicial previo o inmediato para garantizar la tutela judicial efectiva; limitar el uso de procedimientos administrativos para adoptar medidas restrictivas que puedan afectar negativamente al pluralismo informativo; y establecer un régimen sancionador proporcional que respete los principios de garantía de derechos fundamentales, evitando así cualquier uso arbitrario o político de las medidas punitivas.
“Con estas mejoras, la ley potenciará significativamente su capacidad para proteger el pluralismo informativo y la libertad de prensa, pilares esenciales de una sociedad democrática”, concluye la secretaria general de la Plataforma.
La PDLI recuerda que medidas incluidas en el anteproyecto para mejorar la gobernanza en los medios y el pluralismo, como la obligación de trasparencia en la propiedad, son propuestas de esta Plataforma desde hace años.
Dotación adecuada de recursos a la CNMC
Por otro lado, la PDLI recuerda que no es suficiente contar con una normativa adecuada. La Plataforma va a solicitar expresamente al Ministerio de Transformación Digital que dote de manera suficiente de recursos humanos, técnicos y financieros a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entidad designada autoridad nacional independiente de supervisión, para que pueda desempeñar eficazmente las nuevas responsabilidades asignadas. La Plataforma argumenta que, sin esta dotación adecuada, la autoridad reguladora podría verse limitada en su capacidad de supervisión efectiva, poniendo en riesgo la protección de los derechos fundamentales garantizados por la normativa propuesta.
