La PDLI denuncia que periodistas y activistas podrían ser acusados de “terrorismo” con el nuevo Código Penal

Hoy se vota en el Congreso la toma en consideración del llamado “pacto antiterrorista”. La Plataforma en Defensa de la Libertad e Información (PDLI) ha pedido a los grupos parlamentarios que rechacen su tramitación, más aún por la vía de urgencia, por considerar esta nueva reforma del Código Penal un “atentado a las libertades” y una amenaza para el periodismo de investigación.

De “estado de excepción encubierto” califica la PDLI, la Proposición de Ley que los grupos parlamentarios popular y socialista, y tres diputados del grupo Mixto, registraron en el Congreso el pasado día tres, y que se tramitará por vía de urgencia y en lectura única si esta tarde el pleno, como parece probable, vota favorablemente su “toma en consideración”.

Se trata de una reforma del Código penal (añadida a la que ya se ha aprobado en la Cámara baja la pasada semana) en materia, supuestamente, de “terrorismo”. Sin embargo, la definición legal del fenómeno es tan genérica y los delitos que pasan a considerarse “terrorismo” son tan amplios, que en realidad esta norma, lejos de defender las libertades como proclama su título, las amenaza.

Por un lado, puede llegar a castigar con penas muy elevadas actividades que no guardan ninguna relación con lo que cabe entender por terrorismo, por ejemplo “hackear” una web alterando su aspecto como forma de protesta, el envío masivo de correos, difundir consignas por Internet, consultar determinadas webs o  paralizar un desahucio.

Y, por otro, al considerarlas acciones terroristas, permite suspender derechos esenciales a los individuos sospechosos de haberlas realizado como interceptar sus comunicaciones sin orden judicial previa o detenciones de hasta cinco días.

Internet, en el punto de mira

Además, la PDLI advierte que Internet se encuentra en el punto de mira de la nueva norma: acciones hacktivistas de protesta (como la alteración de webs) o la difusión de consignas en redes sociales pueden ser consideradas “terrorismo”.

“Un ataque de denegación de servicio contra la web de la Junta Electoral, modificar  la web de un Ministerio para protestar, la organización de desórdenes públicos para parar desahucios, un envío masivo de correos a los diputados que pueda paralizar el servidor, cualquier desorden público o delito informático con fines políticos, cualquier activismo online que presione al poder en las calles o redes o la filtración de información confidencial del poder, puede pasar a ser considerado terrorismo”, advierte Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI.

“Casos como el de los vecinos de Gamonal, Anonymous o Wikilieaks podrían entrar en la nueva definición de terrorismo que contempla la Proposición de Ley”, añade.

En cuanto al periodismo de investigación puede verse afectado desde la cobertura de informaciones sobre terrorismo (la consulta de webs puede considerarse delito) o seguridad informática (los delitos informáticos podrían ahora ser “terrorismo”, y determinados supuestos pueden afectar a los periodistas que cubren estas noticias) hasta las filtraciones, puesto que “la revelación de datos bancarios puede ser un delito informático terrorista”.

Tramitación exprés

La PDLI también rechaza, y considera contraria al Reglamento del Congreso, la tramitación exprés de esta Proposición de Ley, que será aprobada en lectura única, procedimiento sumamente excepcional que se contempla en el artículo 150 del Reglamento del Congreso pero solo para casos tasados:  “Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”, algo que, a juicio de la PDLI, no se cumple aquí, al verse afectados derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), se ha dirigido en el día de hoy a todos los portavoces parlamentarios instándoles a votar en contra de la toma en consideración de esta Proposición de Ley.

Más información:

Actualización

[31 de marzo de 2015] El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, en su edición de 31 de marzo de 2015, las normas conocidas como “Leyes Mordaza”. Entrarán en vigor, en su mayor parte, el próximo 1 de julio.

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana

Reforma del Código Penal

Reforma del Código Penal en materia de terrorismo