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Amenazas y presiones, Leyes

Dos años de ‘Ley Mordaza’: La PDLI reclama a los partidos medidas para impedir actuaciones policiales contra periodistas

27 Jun , 2017  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha llevado hoy al Congreso de los Diputados el balance de la aplicación de la conocida como ‘Ley Mordaza’, cuya entrada en vigor cumple ahora dos años.

La PDLI denuncia que los datos, dados a conocer por el propio ministerio de Interior (a través de la publicación en su web, pero sin ningún tipo de publicidad o valoración), ponen de manifiesto los excesos de esta ley y su aplicación anticonstitucional, al limitar el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de información sin ningún tipo de intervención judicial.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) viene denunciando que estas sanciones contra la libertad de información responden a un patrón: su ‘camuflaje’ bajo infracciones genéricas como “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o “resistencia a la autoridad”.

La PDLI destaca que las propias estadísticas de Interior revelan que las multas por estos dos motivos aumentaron significativamente en 2016 respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.591 sanciones: una cifra que consideran “desproporcionada e inconsecuente con la situación real de la seguridad ciudadana en España”.

A esta situación en la PDLI la calificamos de ‘censura camuflada’ y por eso pedimos que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información, pilar básico de la democracia, deje de estar amenazado por actuaciones policiales de cualquier tipo”.

La ‘Ley Mordaza’ en cifras

Según el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 del Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza, se han impuesto un total de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros.

 Por número de sanciones, las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegaron a triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un coste de 3.006.761 euros, mientras que en la mitad 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “sólo” 3.130 conductas por este mismo concepto.

 Por su parte, las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” (artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, es decir, un tercio más que en 2015 cuando se impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley. Es decir, esto supone que el año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo.

La cuantía total de estas multas es de 10.196.817 de euros.

Periodistas frente a ‘la mordaza’

La PDLI denuncia que detrás de estas cifras hay casos concretos de periodistas a los que la policía le ha impedido hacer su trabajo, o a quien se ha sancionado por ello. Por ejemplo, los periodistas gallegos que cubrían hace unas semanas el desalojo policial en Santiago de Compostela de un Centro Social Ocupado, o la denuncia a Raúl Solís, primer periodista en Sevilla sancionado por la Ley Mordaza mientras trabajaba y que fue multado cuando cubría una protesta contra el autobús ‘ultra’ de Hazte Oír.

También recibieron sanciones por la ‘Ley Mordaza’ Natalia Díez, periodista de porCausa.org, multada cuando trató de documentar con su móvil lo que entendía que era una redada racista; Mercè Alcocer, periodista de tribunales en Catalunya Ràdio, sancionada con 601 euros por presunta desobediencia a la autoridad cuando cubría en la Audiencia Nacional las declaraciones del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol y de su esposa; Esther Yáñez, reportera de Diario VICE, multada también con 601 euros por el mismo motivo cuando cubría una concentración de la PAH frente a la sede del PP, o Axier López, cuya multa fue denunciada por la PDLI y finalmente resultó archivada.

Derogación de la ley

En cuanto a las iniciativas parlamentarias que ahora se debaten en el Congreso para reformar la llamada ‘Ley Mordaza’, la PDLI considera que debe perseguirse “su derogación íntegra, sin resucitar la Ley Corcuera”.

A juicio de la PDLI, elaborar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana es totalmente erróneo por  ser un instrumento jurídico innecesario (hay una Constitución, hay una ley reguladora del derecho de reunión y hay un Código Penal) y porque existe un gran riesgo en dejar en el ámbito administrativo, la “gestión” de Derechos Fundamentales, pues no ofrece suficientes garantías de que en la aplicación de la ley se respeten requisitos constitucionales básicos, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto con las leyes mencionadas.

Imagen: Identificaciones policiales en la protesta ‘Rodea el Congreso’. Fotografía: Alicia Armesto

 


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