La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), junto con otras siete organizaciones de defensa de la libertad de prensa entre las que se encuentran la FeSP (miembro de la PDLI) y la FAPE, han firmado una declaración conjunta exigiendo a los partidos políticos que concurren a las elecciones un compromiso con los medios públicos,
La PDLI, en su defensa de la libertad de prensa, siempre ha destacado la importancia de los medios públicos para el pluralismo informativo y como pieza básica del derecho a la información de la ciudadanía, y los ha situado en el centro de sus demandas en el ámbito audiovisual.
La PDLI ha realizado numerosas iniciativas defendiendo la independencia y autonomía de los medios públicos y ha venido apoyando todas las iniciativas de sus profesionales en esta dirección.
Texto de la declaración:
“Declaración en defensa de unos medios públicos veraces, libres e independientes”
Los abajo firmantes, representantes y miembros de organizaciones y entidades sociales comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la participación activa de la ciudadanía, damos la voz de alarma ante la opinión pública por la grave situación que vive actualmente el servicio público estatal de comunicación en España.
Radiotelevisión Española (RTVE) arrastra serios problemas, tanto en su dependencia crónica de los poderes políticos o en su situación económica, como en su conversión en un servicio público de comunicación multiplataforma y multimedia, vital para el próximo futuro, y en su incapacidad de involucrar a la ciudadanía en una participación activa en sus medios públicos.
La actual administración única de RTVE, pensada como provisional, no ha podido lógicamente abordar un plan estratégico de la Corporación ni la negociación de un nuevo mandato marco y un contrato programa actualizados; y, con un presupuesto fuertemente recortado en los últimos años, apenas ha comenzado a recuperar una programación de servicio público, mientras RTVE continúa perdiendo influencia social y audiencia y es incapaz de abordar el plan de futuro y la transformación digital que el servicio público de comunicación estatal y la sociedad necesitan.
Pero el concurso público que debía resolver el eterno problema de su gobernanza, para alcanzar una independencia real frente a los gobiernos de turno, ha quedado paralizado por la disolución de las Cortes Generales, aunque haya sido traspasado oficialmente al próximo Parlamento.
En definitiva, el espacio público de comunicación necesita una profunda regeneración y su existencia, como la de la educación o la sanidad, debería estar a salvo de cualquier lógica económica o partidista. Un servicio público de comunicación es, o debería ser, sinónimo de igualdad, accesibilidad, objetividad y todos aquellos valores que vertebran una sociedad formada e informada, más justa, solidaria e igualitaria.
Y resulta más indispensable que nunca en una época caracterizada por la proliferación de ofertas radiotelevisivas pero también de deterioro de su calidad, en la que sólo los medios públicos pueden garantizar un acceso universal y gratuito a la información, la cultura y los valores democráticos en los que se funda la ciudadanía.
Por todo ello, y como organizaciones cívicas comprometidas con la democracia y el progreso de nuestra sociedad, y ante la convocatoria de elecciones generales, los abajo firmantes nos comprometemos con los siguientes acuerdos mínimos, que exigimos asuman los partidos políticos en sus programas electorales:
— Respeto a los resultados del concurso público que se convocó con la anuencia de todos los grupos parlamentarios y su participación que, aun
respetando la soberanía y representatividad del Congreso y el Senado, designó a 20 candidatos para la Presidencia y el consejo de administración de RTVE.
— Compromiso explícito de culminar ese proceso inmediatamente después de las elecciones para recuperar la independencia y profesionalidad de RTVE, con la elección de los órganos directivos por mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento español, sobre la base del citado concurso.
— Es necesario un proceso urgente de rearme financiero del servicio público y de reforzamiento de sus misiones como tal, incluyendo las que responden a las nuevas demandas sociales en las redes y dispositivos digitales.
— Compromiso expreso de abrir, tras la constitución de próximo Parlamento y el Gobierno, un proceso de discusión pública abierto y transparente, con participación de profesionales, expertos y organizaciones sociales, para abordar la reforma en profundidad del servicio público de comunicación y de la regulación del sistema audiovisual en todas sus dimensiones, exigida por los cambios tecnológicos y sociales de la última década y por la calidad de nuestra democracia.
Madrid, 10 de abril de 201
Firman: Teledetodos (t2), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EmARTV), Red de Medios Comunitarios (ReMC), Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España), Associació Ciutadanía i Comunicació (Cicom), Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)