La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su total rechazo a la propuesta lanzada por el PP de promover un pacto para terminar con el anonimato en Internet y recuerda que se trata de un derecho fundamental.

La PDLI ha advertido que esta idea sería contraria a todos los estándares internacionales sobre libertad de expresión y recuerda que Naciones Unidas, en un informe específico sobre este asunto, enfatiza la importancia del anonimato para ejercer la libertad de opinión en Internet y declara que merece, por tanto, una “protección fuerte”.

Campaña de desinformación

La PDLI recuerda que la legislación actual es suficiente para proteger a las víctimas de delitos en redes sociales, como demuestran las decenas de detenciones que se producen por este motivo, por lo que esta propuesta solo puede verse, a juicio de la Plataforma, como una campaña de desinformación orientada a acabar con la libertad de crítica en la red.

La PDLI, que considera esta estrategia “peligrosa e inaceptable”, advierte que no es la primera vez que el PP pretende criminalizar la libertad de expresión en Internet, en contra de lo establecido en el derecho internacional. La PDLI denuncia este tipo de ‘globos sonda’ que se repiten cada cierto tiempo por parte de los populares, particularmente en momentos de especial sensibilidad social, como ocurrió con las anunciadas reformas de la Ley del derecho al honor, frontalmente rechazadas por esta Plataforma.

Por qué no puede prohibirse el anonimato

Frente a esta esta estrategia de desinformación, la PDLI ha venido explicando por qué no puede prohibirse el anonimato en Internet.

Así, el director legal de la Plataforma, el abogado especializado en Internet y tecnologías, Carlos Sánchez Almeida, explicaba que el anonimato es un derecho fundamental y que el Estado ya dispone de mecanismos para perseguir los delitos en la red: “El ciudadano tiene derecho a ser anónimo. Y el Estado, a través del Poder Judicial, puede levantar ese anonimato en caso de delito”.

Sánchez Almeida recuerda que, al ser el anonimato un derecho, cualquier norma que pretendiera prohibirlo o limitarlo sería probablemente inconstitucional:

“Siempre hemos sostenido que el único poder que puede intervenir en materia de libertad de expresión en Internet es el Poder Judicial. Y todo límite a la libertad de expresión en Internet debe venir de éste, nunca del poder ejecutivo”, señala el director de la PDLI, en línea con lo defendido por esta Plataforma reiteradamente.

Además, Joan Barata, jurista de la PDLI experto en derecho internacional sobre libertad de expresión, añade que “incluso una norma legal que impusiera de forma general esta obligación sería un límite desproporcionado a la libertad de expresión. El Relator de Naciones Unidada sobre Libertad de Expresión, David Kaye, se ha pronunciado sobre esto en un informe“.

Finalmente, Sánchez Almeida insiste en que el anonimato no impide perseguir delitos y que jueces y policía disponen de medios para identificar a ciberdelincuentes. “No hay excusa para que el Gobierno limite la libertad de expresión”, concluye.

Ana Pastor se pronuncia

El anuncio del PP de prohibir el anonimato en redes sociales ha coincidido con las graves amenazas que la periodista de La Sexta, Ana Pastor ha recibido por parte de un usuario en Twitter.

La PDLI, que condenó estos mensajes y transmitió a la periodista su apoyo y solidaridad, ha agradecido a Pastor que se pronuncie en contra de los intentos del PP de censurar Internet: “Algunos no queremos que persigan el anonimato. Sino a quien amenaza. Cosa bien distinta”, ha manifestado en su cuenta de Twitter la periodista.

Los viejos intentos de controlar Internet

La PDLI lamenta que uno de los derechos digitales más básicos y reconocidos, como es la libertad de expresión en Internet, se vea reiteradamente amenazado por falsos debates sin ningún fundamento.

No se trata de un problema, por desgracia, nuevo. Estos días, el abogado experto en copyright y socio de la PDLI, David Bravo, recordaba que ya el ‘lobby’ de los derechos de autor pedía ilegalizar el anonimato en Internet hace doce años: