Hace ocho años que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones publica una Resolución especial sobre seguridad de los periodistas, un asunto que también ha sido objeto de un reciente informe por parte de UNESCO del que la PDLI se ha hecho eco.
En esta ocasión, la resolución de la ONU, que se publica bianualmente, incorpora además otros temas que vulneran la libertad de expresión como una redacción demasiado amplia y vaga de las leyes, juicios estratégicos contra periodistas o artistas, sistemas de acreditación, límites al acceso a la información, el impacto de la pandemia de covid-19 o amenazas específicas de género contra periodistas.
El 80% de los problemas señalados por Naciones Unidas son aplicables a España:
“En menos de un mes hemos visto cómo tres declaraciones internacionales (esta resolución de la ONU, el informe de UNESCO y el reciente estudio de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE) señalan ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que ocurren casi a diario en España como venimos denunciando desde la PDLI: desde leyes vagas que se aplican contra estos derechos fundamentales, como la ‘Ley Mordaza’ y el Código Penal, a las querellas instrumentales para acallar a periodistas y medios, o ataques dirigidos a mujeres periodistas, que sufren un acoso online muy superior al de sus compañeros hombres”, destaca la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana.
“No hay nada que señalen estos documentos que no hayamos denunciado previamente desde la PDLI, pidiendo los cambios necesarios a los diferentes Gobiernos y a los grupos parlamentarios sin que, por ahora, se haya producido ninguna mejora significativa y, en ocasiones, hayamos ido a peor, como ha ocurrido con el ‘Decretazo Digital’ o la tentación -afortunadamente desechada- de endurecer el Código Penal para supuestamente combatir las noticias falsas”, añade la secretaria general de la Plataforma.
También la organización internacional Article 19, en un análisis en detalle de la resolución de la ONU, manifiesta su preocupación “por la falta de aplicación de estas resoluciones”.
“Instamos a todos los Estados a traducir estos renovados compromisos internacionales en la asignación de recursos y voluntad política para prevenir, proteger y reparar todas las violaciones de derechos”, señala esta organización internacional.
Estos son los principales problemas que recoge Naciones Unidas en su resolución:
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Covid-19
La resolución aborda las “implicaciones significativas para el trabajo, la salud y la seguridad de los periodistas” que el covid ha generado y pide a los Estados que “evalúen el daño que la pandemia del covid-19 está infligiendo al suministro de información vital para el público y la sostenibilidad de los entornos de los medios de comunicación, y considerar, siempre que sea posible, el diseño de mecanismos apropiados para brindar apoyo financiero a los medios … sin comprometer la independencia editorial ”.
Además, solicita a la Alta Comisionada que elabore un informe sobre el impacto y repercusión de las medidas tomadas en respuesta a la pandemia en relación a la seguridad y el trabajo de los periodistas y trabajadores de los medios, integrando una perspectiva de género.
En España, el coronavirus ha supuesto un golpe económico adicional para unos medios ya diezmados por la crisis de 2008, cuando se perdieron cerca de 20.000 puestos de trabajo. Ahora, durante la pandemia, y según datos del INE, 11.400 comunicadores o periodistas han perdido su empleo entre los meses de abril y junio.
La crisis derivada del covid-19, con un desplome publicitario de hasta el 80% en el caso de la radio y la dificultad de acogerse a las medidas especiales del Gobierno por las especificidades del trabajo periodístico, han colocado a los medios en una situación crítica, como la PDLI trasladó al Gobierno y a la Comisión Europea.
La ONU recuerda que un gran número de Estados ha utilizado la pandemia como una oportunidad para intensificar la represión de la libertad de expresión, incluidos los ataques, la vigilancia y la detención arbitraria de periodistas por informar sobre las respuestas de sus Gobiernos a la pandemia.
Así, la PDLI (que en España ha venido realizando una labor de monitoreo de los ataques a la libertad de expresión e información en este periodo, reportando los incidentes a organizaciones internacionales) ha denunciado casos como los obstáculos policiales para fotografiar sus actuaciones durante la pandemia, la vigilancia policial de opiniones en redes sociales, la suspensión en la práctica del derecho de acceso a la información, así como los planes de endurecer la legislación sobre libertad de expresión.
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Leyes demasiado amplias y vagas
La resolución expresa la profunda preocupación por “el uso indebido de leyes demasiado amplias o vagas para reprimir la expresión legítima, incluidas las leyes sobre difamación y calumnia, leyes sobre desinformación y desinformación o legislación contra el terrorismo y el extremismo”.
En España hemos visto cómo a causa de estas leyes (el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana) se ha condenado a penas de cárcel por un chiste o una canción, se ha multado y detenido a periodistas cuando estaban informando, y se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones.
Como la PDLI viene recogiendo en sus informes, el Código Penal español contiene delitos de difícil encaje en el marco de los estándares internacionales con relación a esta materia. Los de terrorismo, injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos, el discurso de odio o el de revelación de secretos son algunos de los que la PDLI , junto con organizaciones internacionales y expertos, urge a modificar o derogar.
En cuanto a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la PDLI ha venido denunciando la inconstitucionalidad de los expedientes abiertos contra informadores y que se producen principalmente atendiendo a supuestos vagos y genéricos como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”, tal y como viene documentando y denunciando.
Las quejas de la PDLI por las sanciones a periodistas en aplicación de esta Ley han sido recogidas en los informes anuales del Defensor del Pueblo, logrando, además, que algunas de estas multas fueran revocadas o suspendidas.
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Querellas infundadas
La resolución señala el riesgo para la libertad de expresión que representan las entidades y personas “que utilizan juicios estratégicos para ejercer presión sobre los periodistas y evitar que realicen informes críticos o de investigación“. La pretensión es “imponer una carga procesal y económica abrumadora” que tenga un efecto disuasorio y de autocensura.
Por ello, como también señala Article 19, es fundamental que los Estados adopten “medidas proactivas y específicas para prevenir el abuso y el uso indebido de la ley”.
“En España el problema es doble: por un lado existen normas (como el delito de injurias, un vago ‘delito de odio’, el de ‘ofensa a los sentimientos religiosos’) que favorecen estas querellas instrumentales, pero también existe un serio problema en el Poder Judicial con la admisión a trámite de las mismas por parte de los jueces, cuando no deberían darles pábulo”, explica la secretaria general de la PDLI.
Las consecuencias son numerosas en España y se traducen en querellas de grupos ultraconservadores (caso Dani Mateo), contra denunciados por corrupción (como la sufrida por eldiario.es por el caso Cifuentes o las de Público por sus informaciones sobre las cloacas del Estado), o demandas económicas desproporcionadas como la de la revista Mongolia.
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Acreditaciones
Por primera vez, la resolución entra en el tema de la acreditación de periodistas en relación con la “denegación arbitraria e injustificada de la acreditación” de periodistas extranjeros, así como por las “restricciones desproporcionadas e indebidas” durante la pandemia de covid-19.
En España se ha dado, en la Comunidad de Madrid, el caso reciente de varios periodistas que han denunciado ser vetados en las ruedas de prensa del Gobierno madrileño.
Respecto al Gobierno central, tras la queja de la PDLI y otras organizaciones de periodistas, los límites de las primeras comparecencias del estado de alarma se corrigieron.
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Derecho de información
La resolución también recoge la importancia de que “los periodistas tengan acceso a la información en poder de las autoridades y el derecho del público en general a recibirlo a través de los medios de comunicación”.
En el caso de España, en el marco del reciente Congreso Internacional de Transparencia, la PDLI ha señalado los límites y carencias que aún existen en este plano, como el hecho de que el acceso a la información no haya sido reconocido como un derecho fundamental por los legisladores ni por los tribunales, requisitos excesivos para ejercer el derecho de acceso, obstáculos para recurrir las denegaciones de información, limitaciones del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia (no se aplica al Poder Judicial ni al Legislativo) o que otras leyes (como la de secretos oficiales) prevalezcan sobre la Ley de Transparencia.
Estas carencias también las elevó la PDLI ante Naciones Unidas, en un informe impulsado por la Plataforma y presentado ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU junto con otras organizaciones.
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La violencia de género
Naciones Unidas también reclama medidas integrales para proteger a las mujeres periodistas, incluso para “prevenir el acoso sexual y otras formas de violencia sexual y de género” y para “alentar la denuncia de acoso o violencia proporcionando procedimientos de investigación sensibles al género”.
También pide “proporcionar apoyo, reparación, reparación e indemnización adecuados a las víctimas” e insta a los líderes políticos y funcionarios públicos a “abstenerse de utilizar un lenguaje misógino o discriminatorio hacia las mujeres periodistas”.
En España no existe ninguna medida de protección especial para las mujeres periodistas, a pesar de que su vulnerabilidad es manifiesta, como recogía un informe de la PDLI de este mismo año, que abordaba, entre otras cosas, la alta presencia del acoso en redes sociales (y en algunos casos fuera de ellas): más de dos tercios afirman que han sufrido acoso online ellas u otra periodista de su entorno por el hecho de ser mujeres, según este estudio.
También se denunciaba que la mujer sufre críticas mucho más agresivas que el hombre, cuyo objetivo suele ser humillar a la profesional y atacar en lo personal aparte de en lo profesional (insultos, comentarios con respecto al físico de la periodista, etc.).
En estos casos, según revelaba la encuesta de la PDLI, la medida más frecuente había sido silenciar o bloquear las cuentas del origen del acoso (40,7% del total de respuestas), aunque es preocupante que en un 16,5% de no se hizo nada.
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Amenazas extraterritoriales
Por último, la resolución denuncia los “incidentes de ataques extraterritoriales contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incluido el acoso, la vigilancia y la privación arbitraria de la vida”.
Dos años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi su muerte sigue impune sin que muchos países, entre ellos España, hayan condenado estos hechos, algo que la PDLI ha reclamado.
Documento
Información relacionada
Informe anual 2019 sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en España (PDLI, 2020)
