La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera muy preocupantes los planes del ministro de Justicia de emprender reformas legales para que “no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna”, según expresó este lunes en rueda de prensa.
La PDLI recuerda que los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la OSCE, el Consejo de Europa, así como organizaciones internacionales, como el IPI, el ECPMF (del que forma parte la PDLI), EDRI y Article 19, llevan advirtiendo semanas frente a la tentación de los Estados de restringir la circulación de información y opiniones con el pretexto de la emergencia sanitaria y la lucha contra la desinformación o el discurso de odio.
“El estado de alarma no justifica propuestas legales autoritarias e inútiles. Los relatores están señalando que cualquier intento de criminalizar la información relacionada con la pandemia puede generar desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información confiable y tener un efecto desaliento en la libertad de expresión”, explica Joan Barata, jurista de la PDLI.
Una propuesta en caliente y “a la húngara”, realmente preocupante. El estado de alarma no justifica propuestas legales autoritarias e inútiles @PDLI_ https://t.co/812Dk57A7d
— Joan Barata (@JoanBarata) April 8, 2020
La PDLI considera muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. Las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben combatirse, a juicio de la PDLI, en la vía civil preferentemente y sobre la base de los instrumentos jurídicos ya existentes. Cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la crítica social y provocar un efecto desaliento inaceptable, tal como advierten los organismos internacionales.
Lo que resulta muy curioso, y evidencia del caos gubernamental, es que el Gobierno se haya olvidado del derecho de rectificación en redes sociales que aprobaron en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. pic.twitter.com/1Mqs8VGRKC
— Almeida (@bufetalmeida) April 7, 2020
Precedentes
No es la primera que la PDLI tiene que salir al paso de propuestas legislativas que suponen una amenaza a la libertad de información con el pretexto de la lucha contra los bulos. Así, en 2017, frente a una propuesta del gobierno del Partido Popular, la PDLI impulsó un manifiesto, suscrito por decenas de periodistas, medios y organizaciones profesionales, en el que advertía en esos mismos términos frente a los intentos de regular la libertad de información.
También durante la tramitación de la reforma de la Ley de Protección de Datos, la PDLI logró que se retirase una enmienda del Grupo Socialista que aspiraba a controlar contenidos digitales y a acabar con el anonimato en Internet, también con la excusa de las noticias falsas.
Del mismo modo, en comparecencia parlamentaria ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la PDLI defendió la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión en las acciones que se emprendiesen para combatir la desinformación.
Sobre bulos y noticias falsas, comparecencia en el Congreso de los Diputados en nombre de la @PDLI_ https://t.co/WH2fBl6UCA pic.twitter.com/D5EF0YG4Mx
— Almeida (@bufetalmeida) April 8, 2020