La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que las informaciones publicadas hoy en las que se revelan las instrucciones remitidas a las comandancias de la Guardia Civil para que detecten “bulos y fake news” susceptibles de provocar “desafección a instituciones del Gobierno” confirman una actividad de vigilancia selectiva de las redes sociales.
🔴 Muy grave: la Guardia Civil insta a identificar fake news susceptibles de crear “desafección a instituciones del Gobierno”https://t.co/Ggv5IOlVKC
— PDLI (@PDLI_) April 21, 2020
A juicio de la PDLI, se trata de unos hechos muy graves porque por un lado pueden implicar la persecución de contenidos críticos hacia la acción del Gobierno, y por tanto legítimos, y porque, por otro, desde el punto de vista de la lucha contra la desinformación suponen una actuación desproporcionada e injustificada.
Según el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, “esta instrucción de la Guardia Civil a las comandancias carece de base jurídica y excede lo contemplado en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad”.
En este hilo, nuestro director legal, @bufetalmeida, explica por qué está instrucción carece de base jurídica y excede lo contemplado en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 👇👇👇https://t.co/wH3eQfbNUE
— PDLI (@PDLI_) April 21, 2020
Por otro lado, la PDLI advierte que este tipo de actividad pone en evidencia que la vigilancia prospectiva en redes sociales abre la puerta a acciones desproporcionadas (como la detención de una persona en Torrevieja acusada de un delito de odio por una broma en Facebook) además de causar un indeseable efecto desaliento (chilling effect), una de cuyas consecuencias es por ejemplo la autocensura, efecto que supone una amenaza clara a la libertad de expresión.
Vigilancia policial de Internet
La PDLI expresa su preocupación por la vigilancia policial de Internet para detectar comentarios presuntamente delictivos teniendo en cuenta que tanto en nuestra legislación (ver informe) como en decisiones judiciales anteriores el criterio que se ha venido utilizando es más expansivo que restringido y tasado, como recomiendan organismos internacionales en estos casos, y en ocasiones es incluso contrario a resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como ocurrió ya en las Operaciones Araña.
Respecto a las posibles campañas de desinformación en torno al coronavirus, la PDLI recuerda que los derechos fundamentales se deben salvaguardar en cualquier escenario. Por ello, para combatir los bulos, la PDLI exige que se sigan las recomendaciones internacionales que ya establecen cómo actuar, en particular la declaración conjunta sobre desinformación de los relatores internacionales (aquí traducido) o, las de ámbito europeo, donde tanto la Comunicación de la Comisión como el Plan de Acción establecen como límite de la lucha contra la desinformación salvaguardar la libertad de expresión[1].
Información relacionada:
Recursos para identificar bulos y campañas de desinformación (10/04/2020)
