La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado hoy su satisfacción por la retirada, por parte del gobierno madrileño, del Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia que había sido aprobado el pasado mes de diciembre para ser tramitado en la Asamblea madrileña.

El proyecto, calificado por la PDLI entonces como una “aberración jurídica” por pretender regular la libertad de expresión por la vía administrativa y sin control judicial y por incurrir en una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre otras razones, preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales.

Una amenaza para la libertad de expresión

“Como no teníamos poco con la ‘Ley Mordaza’ estatal, ahora nos quieren meter una autonómica”, criticó en aquel momento Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI, que consideraba el proyecto “una amenaza para la libertad de expresión, cuyo único límite debería ser la comisión de un delito y previa resolución judicial, nunca administrativa”.

“Es gravísimo que un gobierno traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal. Los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal”, explicaba Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma.

Otro de los aspectos preocupantes del proyecto era la creación de un observatorio que controlase comentarios y opiniones publicados en Internet, abriendo la puerta a las investigaciones prospectivas, como advertía la abogada Isabel Elbal: “Se trata de una norma preventiva que permite a las autoridades policiales irrumpir prospectivamente en las redes sociales, con el fin de salir a buscar conductas sancionables administrativa y penalmente. Las investigaciones prospectivas – salir a buscar aleatoriamente conductas penales- están absolutamente prohibidas en todos los ordenamientos jurídicos democráticos”

Coincidiendo con la aprobación por el Ejecutivo autonómico de este proyecto, el Grupo Socialista registró una iniciativa similar, criticada igualmente por este Plataforma por su similitud en los aspectos fundamentales.

Precisamente, la existencia de dos textos análogos, del Partido Popular y el Socialista, es la razón esgrimida por el Consejero de Presidencia para anunciar esta mañana la retirada del proyecto y el inicio de los trabajos para una nueva versión consensuada.

Los puntos negros del proyecto que deben eliminarse

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) confía que esta retirada suponga también la eliminación de los puntos más problemáticos de ambos proyectos que, a juicio de la PDLI y de los juristas consultados, eran los siguientes:

1. Se pretendía regular la libertad de expresión por vía administrativa y sin control judicial.
2. Se trasladaba al ámbito administrativo lo que está ya regulado en el Código Penal, pero sin las garantías del mismo. El proyecto también es redundante, no solo en lo que tiene que ver con redes sociales, sino también en lo relativo a medios de comunicación, regulación publicitaria o prácticas comerciales.
3. Incurría en una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues solo el primero puede legislar en materia de libertades fundamentales. Además, saltándose las mayorías reforzadas de ley orgánica. Ambos aspectos son criticados por la propia la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, entre otras objeciones.
4. El proyecto contravenía el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no cumplir con los requisitos de necesidad y seguridad jurídica que deben darse cuando se limita la libertad de expresión.
5. Permitía las investigaciones prospectivas, es decir, “salir de pesca” a buscar aleatoriamente conductas penales, algo absolutamente prohibido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos.
6. Se disfrazaba dentro de una ley de protección a las víctimas y prevención de delitos, pero ocultando que una administración, ni estatal, ni menos aún autonómica, no puede decidir qué es discurso de odio y qué es insulto, cuya valoración corresponde a un juez.
7. Las víctimas, que eran el pretexto, no resultaban beneficiadas por las multas porque las indemnizaciones no se pueden exigir ni imponer al infractor en vía administrativa.
8. La cuantía de las multas, hasta 45.000 euros, era desproporcionada.
9. Para aplicar la ley habría que vulnerar otras leyes sobre privacidad para conocer la identidad del infractor.
10. El proyecto también presentaba problemas de procedimiento como los relativos a la competencia territorial (¿Cómo determinar qué es lo que sucede en Madrid, cuando estamos en redes sociales?) , o las notificaciones de expedientes sancionadores (¿cómo y a quien se va a notificar, cuando, teóricamente, las redes sociales son anónimas?)

Otras Administraciones

La PDLI ha aprovechado esta retirada para recordar que ninguna Administración tiene competencia para ponderar el posible conflicto entre derechos fundamentales por ser algo que corresponde a los jueces:

“Esperemos que otras administraciones sigan el ejemplo de Cifuentes y no aprueben multas para aquello que los jueces persiguen como delito”, ha manifestado el director legal de la Plataforma, Carlos Sánchez Almeida en alusión a la posibilidad planteada por el Ayuntamiento de Barcelona de incluir multas por comentarios que puedan considerar discriminatorios en su Plan contra la Islamofobia.

Reforma Ley del derecho al honor

Por último, la PDLI espera que el parón en esta norma autonómica no suponga un impulso para la reforma que, desde el gobierno central, se pretende impulsar también para restringir la libertad de expresión en Internet mediante la anunciada reforma de la Ley de Protección del Derecho al Honor y que la PDLI considera innecesaria, injustificada y preocupante.

Fotografía: Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la CAM del pasado 31 de enero. Foto: Flickr (CC)

---