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Amenazas y presiones, Demandas judiciales

La PDLI pide a la Fiscalía que retire su petición de cárcel por los chistes sobre Carrero Blanco

12 Ene , 2017  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera un ataque indiscutible y muy grave a la libertad de expresión la petición de la Fiscalía de dos años y seis meses de prisión a una joven por varios tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016, según denunciaba ella misma en esta red social.

A la pena de prisión, el fiscal del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional le añade tres años de libertad vigilada, la retirada de los tuits y pide la apertura del juicio oral, aún sin fecha.

El equipo jurídico de la PDLI, que ha analizado el escrito de acusación, discrepa de esta interpretación:

“De la lectura de los tuits denunciados se desprende que no hay delito”, manifiesta Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma.

“El matiz más importante en los artículos del Código Penal en los que se basa su acusación el fiscal, el 578 y 579 del Código Penal, es la existencia de intencionalidad, es decir, el aspecto subjetivo del delito. En este caso, se trata claramente de unos chistes, por lo que no hay tal. Se podrá discutir si es apropiado o inapropiado, pero no hay enaltecimiento ni menosprecio a las víctimas”, añade.

La falta de contexto es, a juicio de Carlos Sánchez Almeida, otro elemento esencial a tener en cuenta:

Límites al humor

A juicio de la PDLI se trata, una vez más, de poner límites al humor, como la organización ha venido denunciando en muchos otros episodios, recordando insistentemente que, España, de este modo, se aleja de los parámetros internacionales sobre libertad de expresión.

Además, la PDLI denuncia la vaguedad con la que estos delitos están regulados, constituyendo, como se ha visto de nuevo en este caso, una amenaza latente a todo el que se pueda plantear hacer humor negro o difundir opiniones extremas o minoritarias, especialmente a través de las redes sociales.

Por eso, esta Plataforma pedirá a la Fiscalía con carácter inmediato que retire su petición de prisión, además de los tres años de libertad vigilada, dado que considera totalmente desproporcionada la solicitud de estas medidas.

En opinión de Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI, “es disparatado que en una sociedad democrática europea del siglo XXI se pretenda encarcelar a alguien por bromear sobre quien estaba llamado a ser el pilar del franquismo sin Franco, algo que en su día hicieron hasta Tip y Coll”.

Por último, Carlos Sánchez Almeida también llama la atención sobre “la anormalidad democrática que supone que se aplique esta legislación a un momento político de dictadura. Es como si se diese condición de víctima del terrorismo al ejército de José Bonaparte”, explica.

 

Documento

Carta remitida al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín [actualización del 13/01/2017]

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