Derechos digitales

La PDLI, junto con organizaciones de defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas independientes, pedirán al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional el ‘Decretazo Digital’

15 Ene , 2020  

Una amplia coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos presentarán hoy miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Constitucional del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ’, conocido como ‘Decretazo Digital’.

Entre otras entidades, firman el escrito la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), FACUA-Consumidores en acción y Críptica. Además, se han sumado a esta iniciativa juristas expertos en derechos digitales y muy conocidos en el ámbito digital -como David Bravo, Sergio Carrasco, Samuel Parra o Carlos Sánchez Almeida– y constitucionalistas como los catedráticos Lorenzo Cotino (Universidad de Valencia) y Miguel Presno Linera (Universidad de Oviedo).

Estas organizaciones y expertos independientes consideran que este real Decreto Ley -que, entre otras previsiones extraordinarias, faculta al gobierno intervenir las telecomunicaciones sin autorización judicial por razones de ‘orden público’– afecta a derechos fundamentales sin ajustarse a los requisitos que la Constitución impone para regular en esta materia.

Por ello, a través de extenso documento donde pormenorizan sus argumentos legales, pedirán al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad para que la norma sea declara nula.

Reunión con el Defensor

Tras presentar el escrito en el Registro de la oficina del Defensor del Pueblo está previsto un encuentro con Francisco Marugán, Defensor del Pueblo, para exponerle las razones que justifican la necesidad de que esta institución presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

Los recursos ante el Tribunal Constitucional solo pueden ser presentados por  el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomaa, un grupo de 50 parlamentarios o el Defensor del Pueblo.

Antecedentes

El Real Decreto Ley fue convalidado, con las Cortes disueltas, por la Diputación Permanente del Congreso el pasado 27 de noviembre. Tan pronto como se hizo público el contenido de esta legislación de urgencia, con su publicación en el BOE el 5 de noviembre, la polémica fue constante, hasta el punto de llegar a conocerse por el sobrenombre de “Decretazo Digital” por su carácter arbitrario e intrusivo.

En un escrito presentado en el Registro del Congreso de los Diputados el 8 de noviembre, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pedía a los grupos parlamentarios que votasen en contra de su convalidación del  PDLI advertíendo que no se daban circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -como requiere el artículo 86 de nuestra Constitución- que justificase por parte del Gobierno disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto-ley.

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