“Los defensores de la libertad de información solemos decir que no se mata a la verdad matando al periodista. Sin embargo, estamos en un momento en el que la verdad es un derecho al alcance de cada vez un menor número de ciudadanos en todo el mundo”.
Así resumía hoy en Doha la secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana, el deterioro global de la libertad de prensa ante el plenario de la Conferencia Internacional que desde ayer se está celebrando en la capital de Qatar, con la participación de cerca de quinientos periodistas de todo el mundo y organismos internacionales como la UNESCO.
Ready for start of day two at #freeexpression conf in #Qatar – Looking forward to remarks by @y_quintana of @PDLI_ ! pic.twitter.com/FzH8ItQick
— IPI (@globalfreemedia) 25 de julio de 2017
Yolanda Quintana recordó que solo en lo que va de año ya han perdido la vida 39 periodistas y otros trabajadores de equipos informativos, indicando que México (con 9 muertes), Irak (6), Afganistán (6), Pakistán (3), Yemen (3), Rusia (2) y República Dominicana (2) encabezan la lista de países con más riesgo.
Además, ha señalado que en 2016 fueron llevados a prisión 150 periodistas por hacer su trabajo y se cerraron 180 medios. “Un dato a tener en cuenta es que casi la mitad de los periodistas encarcelados trabajaban en medios digitales”, ha destacado.
También ha llamado la atención sobre la “sorprendente semejanza” de las amenazas legales contra la libertad de información y de opinión en todo el mundo: “las leyes antiterroristas, las de orden público, las que tratan de delitos de odio, y las supuestamente destinadas a combatir los ciberdelitos se están usando contra periodistas y sus fuentes, contra artistas y contra activistas en países de los cinco continentes”, ha denunciado.
“En todos los casos, se trata de leyes con una redacción amplia y ambigua que están permitiendo decenas de juicios y procedimientos sancionadores cuya finalidad no es asegurar la seguridad de los ciudadanos o la prevención de delitos, sino directamente censurar expresiones o informaciones que pueden ser críticas o radicales, pero amparadas por los Textos Legales internacionales sobre libertad de expresión”, ha explicado.
Yolanda Quintana: «la creciente sensación de cibervigilancia genera por sí misma autocensura». #DemandPressFreedom #FreedomOfExpression pic.twitter.com/CQuRmEyIos
— Miguel Álvarez (@miguelenlared) 25 de julio de 2017
Respecto a esta tendencia global de recortar la libertad de expresión y de prensa con la coartada de la seguridad frente a la amenaza terrorista o la extensión del discurso del odio, Yolanda Quintana ha subrayado que la PDLI es tajante en rechazar este intercambio de derechos y ha zanjado: “en ningún caso vamos a participar en un intercambio de bienes jurídicos merecedores de protección: los Derechos Humanos se respetan y garantizan, no se negocian”.
Yolanda Quintana de @PDLI_, España: «Los derechos humanos no se negocian, se respetan y se garantizan» #FreedomOfExpresion pic.twitter.com/nI7LiaHaTM
— Zuliana Lainez (@zulianalainez) 25 de julio de 2017
La tecnología y el caso de Ahmed Mansoor
En su intervención, Yolanda Quintana ha analizado el papel de la tecnología y ha alertado de su dimensión ambivalente para la libertad de expresión: “Internet supone una nueva fuente de vulnerabilidades para periodistas, informadores independientes y activistas. También que la tecnología está siendo utilizada como arma de ataque: desde el spyware a la ciberpropaganda o ciberacoso”, ha explicado.
Yolanda Quintana de @PDLI_ cita nuevas vulnerabilidades: cibervigilancia global, ciberataques, rastreos, censura opaca» #FreedomOfExpresion pic.twitter.com/msJXXVugSW
— Zuliana Lainez (@zulianalainez) 25 de julio de 2017
Para ilustrar esta reflexión, Yolanda Quintana ha relatado el caso de Ahmed Mansoor, activista en defensa de los Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, en prisión desde el 20 de marzo de este año. En 2011 descubrió en su ‘smartphone’ un software espía desarrollado por NSO Group, una compañía de ciberarmas con sede en Israel que vende ‘spyware’ para supuestas interceptaciones legales de uso exclusivo de los gobiernos.
Quintana ha explicado que ese mismo programa (que, entre otras, tiene la función de convertir el teléfono “en un espía digital de bolsillo” capaz de controlar la cámara o el micrófono para captar lo que ocurre cerca del mismo) fue detectado este año en los dispositivos de un destacado científico y dos activistas a favor de la seguridad alimentaria en México.
Recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones que la organización de la Conferencia había encargado a la PDLI que elaborara, Quintana ha reclamado a los representantes de la ONU y la UNESCO allí presentes “un mayor liderazgo para frenar la progresiva ‘desuniversalización’ del derecho fundamental a la información”, que ha denunciado se está produciendo.
@y_quintana YolandaQuintana @PDLI_“We are witnessing a process of ‘de-universalization’ of freedom of expression that needs to be reversed” pic.twitter.com/B5hXbTm0Oj
— Paco Audije (@PacoAudije) 25 de julio de 2017
“Tal vez sea el momento de un nuevo ‘Informe McBride’”, ha señalado en alusión al documento de la UNESCO que en los ochenta sentó las bases del derecho a la información y a la cultura tal como ahora lo entendemos, frente a una visión exclusivamente liberal entonces hegemónica.
También, entre otras medidas, ha pedido campañas de información y ”redoblar los esfuerzos pedagógicos para que la sociedad perciba y comprenda el riesgo de ceder ante la falsa dicotomía seguridad/libertad. No podemos permitir que los propios ciudadanos sean quienes renuncien a sus derechos empujados por el miedo y la manipulación”, ha señalado.
En cuanto al uso de la tecnología como arma contra periodistas o activistas, Yolanda Quintana ha instado a vigilar y documentar cada uno de los casos que se produzcan, a impulsar “alianzas con técnicos, expertos en ciberseguridad y hackers” y a incluir en los protocolos para la protección de los periodistas y activistas todo lo relativo a su ciberseguridad.
Finalmente, la PDLI ha propuesto que se impulsen litigios estratégicos, de modo que sean los tribunales internacionales como el Tribunal de la Unión Europea, (TJUE) quienes, de forma independiente, y de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, ponderen el posible conflicto de derechos.
La Conferencia internacional
La Conferencia internacional sobre libertad de expresión de Doha está organizada conjuntamente por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar (NHRC), en colaboración con la Federación Internacional para la Protección de los Periodistas (IFJ) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI).
La Conferencia se celebra en plena crisis diplomática en la que Arabia Saudí y sus aliados llegaron a pedir el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera. Aunque esa exigencia se ha retirado, los gobiernos árabes mantienen la presión para que el canal cambie su línea informativa.
La PDLI ha reiterado su condena ante estas presiones y ha manifestado su solidaridad con Al Jazeera.
Yolanda Quintana de @PDLI_ «Pocos medios como Al Jazeera supieron comprender tan bien al movimiento 15 M en España» #FreedomOfExpresion
— Zuliana Lainez (@zulianalainez) 25 de julio de 2017
[Imagen: Yolanda Quintana en una intervención en el Congreso de los Diputados, foto: Dani Gago]