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Amenazas y presiones

La PDLI condena las presiones policiales contra ‘Público’ y exige responsabilidades

22 Mar , 2017  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su condena por las presiones policiales de las que están siendo objeto el diario ‘Público’ y su redactora Patricia López, y exige que se investiguen y se sancionen como corresponda.

Este lunes ‘Público’ informaba de las amenazas de la ‘brigada política’ de la policía de las que este medio venía siendo objeto a raíz de sus investigaciones sobre el caso del ‘pequeño Nicolás y el funcionamiento de las llamadas “cloacas” del Estado, entre ellos, un intento de detención de la periodista Patricia López.

La PDLI considera que las presiones son gravísimas e inaceptables, y ve incomprensible que, a pesar de que los hechos fueran denunciados, las diligencias practicadas “ni siquiera han sido enviadas todavía a los juzgados de Plaza de Castilla”, según denuncia ‘Público’.

Por ello, la PDLI se dirigirá a la secretaria de Estado de comunicación para transmitirle estos hechos e instarle a que se depuren las responsabilidades oportunas.

La PDLI lamenta que sea necesario recordar una vez más que los medios de comunicación responden al derecho a la información de la ciudadanía consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución, y corresponde a los poderes públicos asegurar su ejercicio con todas las garantías.

La policía en la redacción de ‘Público’

No es la primera vez que la PDLI se pronuncia sobre las amenazas sufridas por ‘Público’.

Ya el pasado mes de junio esta Plataforma condenó la entrada de la policía en la redacción de este medio para pedir, sin orden judicial, las grabaciones del ministro del Interior de las que venía informando.

Entonces, la PDLI denunció que se trataba “de una presión inadmisible sobre un medio de comunicación contra su derecho a la libertad de información, el secreto profesional y la protección de las fuentes”.

Además, recordaba que, según los estándares internacionales, las autoridades (administrativas, judiciales o de la naturaleza que sea) no pueden obligar a ningún periodista a facilitar información o cualquier tipo de material con el objeto de conocer, por ejemplo, el origen de una filtración (aun siendo ésta delictiva). Solo son admisibles estos requerimientos cuando se trata de evitar la comisión de un delito grave y no existen otros instrumentos para ello.


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