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El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, nominado a los premios ‘Hay Derecho’

3 Nov , 2017  

El director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad e Información (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, ha sido nominado a los premios de la fundación ‘Hay Derecho’ por su trayectoria en defensa de las libertades y del Estado del Derecho.

Las candidaturas pueden votarse hasta el próximo 30 de noviembre. Las cinco más votadas pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado y su fallo se conocerá en la ceremonia de entrega de los premios, a finales de febrero.

Con este premio, la Fundación ‘Hay Derecho’ busca “personas u organizaciones que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. Queremos reconocer el mérito de quienes se han sacrificado por defender este pilar básico de nuestra convivencia democrática”.

Entre los candidatos se encuentra igualmente el abogado David Bravo, quien recientemente se ha incorporado a la PDLI.

 

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También ha resultado nominada la Fundación Civio, una de las entidades firmantes del “Decálogo por un periodismo responsable” impulsado por la PDLI.

Esta es la lista completa de las candidaturas nominadas:

Mariano Benítez de Lugo, presidente de la  Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE);

Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana;

Josep Borrel, exministro de Obras Públicas y expresidente del Parlamento Europeo;

Carlos Sánchez Almeida, abogado de Barcelona con una amplísima trayectoria de más de 20 años en el ejercicio del derecho vinculado a las nuevas tecnologías, campo en el que es un verdadero pionero en España. Ha sido miembro fundador de FrEE (Fronteras Electrónicas) y colaborador de diversos medios digital. En la actualidad es director legal de la PDLI, de la que es cofundador. Su trabajo se caracteriza por la defensa legal de ciudadanos, empresas y movimientos sociales en los ámbitos del ciberactivismo, ciberderechos y ciberdelitos. Es autor de varios libros sobre Derechos Humanos, derechos sociales, delitos informáticos o la Sociedad de la Información, temas que aborda en relación a Internet. En la actualidad combina el ejercicio de la abogacía con sus colaboraciones en medios web y la dirección legal de la PDLI.

David Bravo, abogado en Sevilla y miembro de la PDLI, es uno de los letrados especializados en derecho informático, libertad de expresión y propiedad intelectual más conocidos del país por su activismo en defensa del acceso libre a la cultura y conocimiento vía Internet;

Joaquín Contreras, Plataforma Pro Soterramiento de Murcia; Junta de Fiscales Anticorrupción;

Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla;

Macarena Olona, abogada del Estado-Jefe en la Comunidad Autónoma del País Vasco;

Elena Vicente, presidenta de la Asociación ACCORS;

Pedro G. Cuartango, exdirector de ‘El Mundo’ e impulsor de la publicación de la investigación ‘Football Leaks’ (cuya imputacion, por este hecho, fue condenada por la PDLI);

Fundación Civio , organización dedicada a vigilar a los poderes públicos y lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones; es una de las entidades firmantes del “Decálogo por un periodismo responsable” impulsado por la PDLI.

Acción Cívica contra la corrupción, asociación que da soporte a abogados españoles para que puedan personarse como Acusación popular en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos; 

Fundación Española de Debate Jurídico Universitario (FEDEJ), organización cuyo objetivo es potenciar la formación, especialmente en oratoria, de los nuevos juristas; 

Fernando Urruticoechea, interventor municipal; 

Faustino García Zapico, educador y terapeuta asturiano que lidera la Unidad Terapeútica y Educativa de la cárcel de Villabona-Asturias;

Fernando Clemente Antonio, letrado del Cuerpo Técnico de Auditoría del Tribunal de Cuentas;

Sueldos Públicos, portal dedicado al análisis de los sueldos de los políticos;

Jordi Cantallops, inspector de Educación en Barcelona.

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