La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera una vulneración muy grave del derecho a la libertad de expresión la cadena de hechos que han terminado con la prisión incondicional sin fianza de dos titiriteros en Madrid.

La acusación de “enaltecimiento del terrorismo” y la aplicación de medidas excepcionales, carecen, a juicio de la PDLI, de sustento legal suficiente. Más bien al contrario, parecen responder a motivaciones ajenas a lo que fue el desarrollo real de los hechos, lo que agrava aún más este lamentable episodio.

La PDLI ha valorado el caso y explica, en cinco razones, por qué es un ataque inaceptable al derecho a la libertad de expresión:

1. Se trata de una ficción

El tipo penal de enaltecimiento del terrorismo requiere, básicamente, que se ensalce el crimen, se haga apología del mismo o se glorifique al autor. Estos requisitos no pueden darse en una obra -literaria, teatral o cinematográfica- que simplemente escenifique asesinatos. Además de escenificarlos, se tendrían que justificar de modo que se inste expresamente a la comisión de los mismos.

2. No hubo “ensalzamiento”

En la trama no se “ensalza” el terrorismo. Los muñecos no estaban elogiando ni justificando a ningún grupo terrorista cuando uno de ellos mostró una pancarta (de 20 centímetros) en la que podía leerse “Gora Alka-Eta”. Esa escena pretendía criticar, precisamente, las denuncias infundadas por “enaltecimiento”:  Por un lado, el personaje que introduce ese letrero es un guiñol-policía para incriminar, “fabricando” pruebas, a otro de los personajes (un guiñol bruja). Por otro lado, la literalidad de la frase supone una exageración hasta el absurdo, al jugar con las denominaciones de “Al Qaeda” y “ETA”, con objeto de acentuar (con mejor o peor fortuna) esa pretendida crítica.

Jueces como Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, no encuentran ninguna duda en el contenido satírico de la obra: “Satirizar a la policía y a los jueces no es enaltecer el terrorismo”. 

3. Delitos de opinión

El último informe anual de la PDLI recoge la anomalía que presenta nuestro país al tipificar como delitos no solo conductas sino opiniones, que están en el ámbito de las ideas y de su expresión. En dicho informe se recuerda que en España los tipos penales de injurias y calumnias están incluidos en el Código Penal “a presar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)”.

4. Enaltecimiento

Especialmente grave para la libertad de expresión, dentro de estos “delitos de opinión”, es la tipificación del delito de “enaltecimiento”, introducido por primera vez en el Código Penal en el año 2000 y del que están acusados los titiriteros. En la actualidad está castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.

La última reforma de este texto (el llamado “pacto antiyihadista”) incrementa las penas, además, si el llamado “enaltecimiento” se produce a través de Internet: “Se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información”.

Los riesgos de la existencia de este tipo penal para la libertad de expresión e información no son nuevos. Un caso reciente fue el de la periodista Iraitz Salegi, acusada, junto con otros compañeros, de enaltecimiento del terrorismo por cubrir un acto de la izquierda abertzale en el que supuestamente se ensalzó a ETA.  

5. Proporcionalidad

En el caso de los titiriteros todo puede considerarse jurídicamente desproporcionado. La obra representada podría ser objeto de diferentes valoraciones: si hubo o no incumplimiento de contrato; si el contenido era apropiado o no para niños y, si en caso de no serlo, se proporcionó la necesaria información o advertencia; si era o no de buen gusto o de suficiente calidad artística…

Nada que no ocurra en otros ámbitos “culturales”, incluso masivos, como es la programación televisivaSin embargo, son controversias que, de existir, se saldan en las esferas administrativa (sanciones) o civil (acciones de cesación, resarcimiento por daños, etc).

Unas consideraciones, que, además, deberán tener en cuenta el contexto cultural en que se producen. En este caso, el de un género específico: la tradición de los “guiñoles de cachiporra”, que presenta unos recursos estilísticos propios, socialmente conocidos y reconocibles [1].

Todo ello sin olvidar que la ley, en sus calificaciones de contenidos ilícitos, ni entra ni puede entrar en lo que es terreno de lo subjetivo:

Es desproporcionada la prisión incondicional decretada, reservada solo para casos muy excepcionales y tasados. Una valoración que comparten jueces como Joaquim Bosch o el magistrado Miguel Pasquau Liaño y colectivos de abogados como la Comisión Legal Sol.

Exigencias de la PDLI

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), exige la inmediata puesta en libertad de los titiriteros que continúan en prisión, sin perjuicio del resultado de la instrucción.

Al mismo tiempo, insta a las partes implicadas en el caso a actuar para que esta liberación se produzca cuanto antes.

La PDLI, en sus contactos con los grupos parlamentarios, trabajará para promover los cambios legislativos necesarios para que la libertad de expresión e información deje de estar limitada en España por preceptos que entendemos incompatibles con un estado democrático.

Antecedentes

Desde que la tarde del pasado viernes 5 de febrero se produjo la denuncia y detención de los dos titiriteros, distintos miembros de la PDLI se han venido pronunciando, llamando la atención sobre la gravedad del caso, desmintiendo informaciones erróneas y manifestando su exigencia de libertad para los artistas:      

[1] http://www.titeresante.es/2016/02/07/gora-los-titeres-por-adolfo-ayuso/
http://www.eldiario.es/cultura/politicas_culturales/tradicion-centenaria-titeres-cachiporra_0_482252712.html
 NOTA: Texto actualizado a las 14:00 h. (10 febrero 2016)