Marisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I con una brillante y prolífica trayectoria académica en materia de libertad de expresión, y Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón, se ha incorporado a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
Marisa Cuerda ha contribuido al fortalecimiento de la libertad de información a través de sus numerosas contribuciones académicas en las que analiza críticamente los límites penales impuestos a dicho derecho, reivindicando que la sanción penal se sujete a las estrictas exigencias del principio de intervención mínima y, al mismo tiempo, se proceda a una aplicación restrictiva de las previsiones legales.
Asimismo, ha participado activamente en la defensa de la libertad de información desde la sociedad civil y, muy especialmente, desde el Grupo de Estudios de Política Criminal, apoyando numerosas acciones dirigidas tanto a denunciar limitaciones ilegítimas del derecho como a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de un derecho que es pieza básica del sistema democrático.
Para la PDLI se trata de una incorporación de gran valor y estratégica pues la reforma del Código Penal es una de las prioridades de la Plataforma. Esta norma (conocida por ser una de las ‘Leyes Mordaza’) fue modificada en 2015 para introducir nuevos delitos de expresión y, ya antes, contenía artículos contrarios a los estándares internacionales (ofensa a los sentimientos religiosos, injurias al Rey…), como la PDLI ha venido señalando en los últimos años en diferentes publicaciones.
Casos que han creado una gran alarma social, como los tuits de Cassandra o César Strawberry, las letras de raperos (como La Insurgencia), o chistes como los de Dani Mateo o el de la revista ‘El Jueves’ tienen su origen en un Código Penal que vulnera los principios internacionales sobre libertad de expresión.
La incorporación de Marisa Cuerda vendrá a reforzar las iniciativas en el ámbito penal de la PDLI, junto con expertos como Carlos Sánchez Almeida (director legal de la PDLI y abogado penalista especializado en Derecho de las tecnologías) y Joan Barata (jurista de Stanford-CIS experto en libertad de expresión y estándares internacionales).
