La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información califica de “extremadamente grave” la cadena de hechos que llevaron a seis jóvenes anticapitalistas y veganos a ser acusados de integrar una organización terrorista y que han sido finalmente declarados inocentes en una sentencia que ya es firme.
En un auto dictado el 8 de agosto y que ha sido dado a conocer por eldiario.es, la Audiencia Nacional declara firme la sentencia del pasado 26 de julio por la que todos eran absueltos al no haber presentado ninguna de las partes recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La cronología de este caso es, a juicio de la PDLI, la de un continuo despropósito policial y judicial que ha sido posible por una legislación extremadamente vaga y peligrosa que urge modificar:
Desde su reforma en 2015, el Código Penal ha abierto la horquilla de lo que se considera delito de terrorismo, alejándose así de las directrices de los organismos internacionales de Derechos Humanos como la ONU y la OSCE que exigen que la legislación antiterrorista sea “clara, precisa y no demasiado amplia”[1].
Ya durante la tramitación parlamentaria de esta reforma, la PDLI advertía que activistas y periodistas podrían ser acusados de “terrorismo” con la definición expansiva del nuevo Código Penal.
Para la PDLI este caso demuestra la amenaza que para la libertad de personas inocentes representa el Código Penal y reclama su modificación urgente para adaptarlo a los estándares internacionales.
Además, considera imprescindible mejorar la formación de policía, jueces y fiscales para que sean conscientes de que la aplicación de la legislación española está sujeta a dicho marco internacional, lo que obliga a una interpretación restrictiva y proporcional cuando se trata de restringir las libertades.
Los antecedentes del caso
El 6 de noviembre de 2015, la Audiencia Nacional decidió enviar a seis jóvenes veganos y anticapitalistas a prisión por, supuestamente, integrar una organización criminal de “radicalizada ideología anarquista” bajo las siglas SXE MAD.
La juez Carmen Lamela, apoyándose en informes policiales poco rigurosos, consideró que los indicios se correspondían con los delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos, y daños y estragos con finalidad terrorista. Esas acusaciones sumaban más de 35 años de cárcel.
Dos de ellos ingresaron en prisión y cuatro la eludieron con fianzas. La situación más dura la vivió Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, de 26 años: pasó más de un año y medio encarcelado en F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), el régimen más duro con constantes cambios de centro y un tiempo en aislamiento, hasta que obtuvo en 2017 la libertad condicional.
A finales de julio de este año todos fueron absueltos por la Audiencia Nacional. Habían sido juzgados finalmente por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales por proclamas como “Goku vive, la lucha sigue”, tras rectificar la Fiscalía la interpretación de la jueza Carmen Lamela y retirar los cargos de integración en organización terrorista.
La justicia consideró que eran inocentes y que sus mensajes eran una “muestra de rebeldía”.
Una decisión que ya es firme.
