La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha dirigido hoy a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, para transmitirle su satisfacción por el discurso pronunciado en la Apertura de Tribunales en el que se refirió a la necesidad de aplicar la necesaria proporcionalidad cuando en las actuaciones de la Fiscalía está en juego la restricción de un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

La PDLI ha recordado a la Fiscal General que esta preocupación le fue transmitida al anterior Fiscal General en diferentes ocasiones: así, el 13 de enero de 2017, en relación al caso de Cassandra Vera, la PDLI trasladó su “preocupación y rechazo por la petición del fiscal del Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia de dos años y seis meses de prisión a una joven (identificada en Twitter con el nombre @kira_95) por varios tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016, para quien, además, solicita tres años de libertad vigilada, la retirada de los tuits y  la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional”.

La PDLI entendía entonces que se trataba de una “acusación desproporcionada y sin suficiente fundamento legal”, como finalmente quedó de manifiesto en la sentencia absolutoria.

Igualmente, el 31 de enero de 2017, la PDLI se dirigió a José Manuel Maza para trasladar su rechazo por la actuación de la Fiscalía en el caso de los doce jóvenes componentes del colectivo de rap La Insurgencia acusados por enaltecimiento terrorista.

La PDLI consideraba que en la conducta de estos jóvenes no concurrían las condiciones establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para perseguir el llamado “discurso del odio” o los denominados “delitos discriminatorios”, como que se trate de actos coetáneos con actividad terrorista y que se anime directamente a la comisión de delitos terroristas”. Y “que las letras de sus canciones se encuentran, por tanto, en el plano de la libertad de creación artística o intelectual, sin que esté justificada su persecución”.

La PDLI censuraba que la acusación contra los jóvenes raperos no respetaba “los principios de intencionalidad y proporcionalidad y es contraria a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Recordaba entonces la PDLI al anterior Fiscal General “que diversos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la OSCE han venido advirtiendo sobre la necesidad de una aplicación restrictiva y tasada de este tipo de delitos”.

“Por todo ello, la PDLI celebramos sus palabras en la Apertura de los Tribunales anunciando una Circular que permita garantizar la aplicación de los criterios de proporcionalidad a los que obliga el marco internacional sobre libertad de expresión al que España está sujeta”, se dice en el escrito remitido hoy a María José Segarra.

Además, la PDLI también destaca del discurso de la Fiscal General la referencia a la necesaria protección de los denunciantes de corrupción.

En este sentido, la PDLI le recuerda la necesidad de ampliar estas garantías a los ‘alertadores’ o ‘whistleblowers’ que filtran documentos de interés público para dar a conocer irregularidades o conductas ilícitas, y pide que esta defensa alcance a los medios de comunicación que publican estas informaciones.

“Algo que a día de hoy no está garantizado ni respaldado por las actuaciones de la fiscalía, como hemos podido constatar en los últimos años en casos que han afectado a periodistas y medios como ‘ABC’, ‘Público’, ‘eldiario.es’ y ‘El Mundo’”, concluye el escrito.

Finalmente, la PDLI solicita una reunión para trasladar con más detalle “nuestras propuestas sobre todo ello, que consideramos esenciales para un normal funcionamiento democrático”.

Documento

Carta dirigida a María José Segarra, Fiscal General del Estado (11/09/2018)