[Documento: Descargar el informe aquí]
En diciembre de 2020 la Comisión Europea presentó una doble propuesta para regular los servicios y los mercados digitales: se trata de la ‘Digital Market Act’ y la ‘Digital Services Act’, que serán normas, cuando finalmente se aprueben, que marcarán el futuro Internet.
Desde la PLI, junto con juristas y expertos y organizaciones europeas de defensa de los derechos digitales y de la libertad de prensa, venimos advirtiendo del impacto de esta regulación en derechos fundamentales como la libertad de prensa, la libertad de expresión y de creación artística o el derecho de manifestación y de protesta.
¿Estarán las redes sociales vigiladas de forma preventiva buscando opiniones críticas a las actuaciones de los Gobiernos? ¿Se obligará a los medios de comunicación a retirar noticias con la excusa de la lucha contra la desinformación? En definitiva ¿cómo se controlarán los contenidos en Internet? ¿y qué poder se deja en manos de las grandes plataformas?
Además, cuando se apruebe la DSA será importante seguir cómo los estados miembros aprueban las correspondientes normas de desarrollo, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que esta regulación no define en cuanto tal lo que es contenido ilegal, sino que eso depende de las decisiones del legislador y el regulador de cada Estado.
Para analizar todo ello, y ofrecer recomendaciones que contribuyan a que la norma resultante sea respetuosa con los derechos fundamentales, la PLI ha encargado un informe a uno de los principales especialistas en este área, y miembro de la Plataforma, Joan Barata.
La DSA como oportunidad y amenaza
A juicio de Barata, “la propuesta de ‘DIGITAL SERVICES ACT (DSA)’, debido a su alcance general, podría ser una herramienta importante para garantizar una adecuada protección de los derechos fundamentales por parte de la legislación sectorial, y en particular en lo que respecta al impacto que la imposición de determinados derechos sobre las plataformas privadas puede tener en el derecho a la libertad de expresión de sus usuarios y de terceros”.
Sin embargo, al mismo tiempo, incluye previsiones que, de no precisarse o limitarse, pueden ser peligrosas, como ocurre con el concepto de los ‘riesgos sistémicos’: “los deberes y responsabilidades con respecto a la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos pueden tener un impacto innecesario y desproporcionado en el derecho a la libertad de expresión de los usuarios, según lo presentado en este documento”, advierte en su informe Joan Barata.
Joan Barata
El jurista Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios, imparte docencia en varias Universidades en diversas partes del mundo (en otras, Stanford) y ha publicado un gran número de artículos y libros en esta materia.
Trabaja regularmente con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que ha sido asesor principal de la Representante en materia de Libertad de Medios.
Ha participado en proyectos de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información en países como Hungría, Liberia, Egipto, Tailandia, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Marruecos, Túnez, Jordania, Albania, Ucrania o Líbano, entre otros.
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“The new DSA – when freedom of expression is worth overdoing” (J.Barata)
