Actividades, Derechos digitales

Organizaciones y expertos valoran positivamente que la Comisión Europea deje a salvo la libertad de expresión en Internet en la nueva regulación de las plataformas, pero advierten de riesgos en la propuesta

18 Dic , 2020  

[Programa del acto aquí y vídeos aquí]

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto con la Universidad de Valencia[1] han celebrado este miércoles una jornada para analizar la ambiciosa propuesta para reformar los servicios y mercados en Internet que presentaba la Comisión Europea un día antes.

Se trataba principalmente de evaluar el posible impacto de este paquete legislativo -la Digital Service Act (DSA) y la Digital Market Act (DMA) en la libertad de expresión en Internet.

Entre otros ponentes, participaron los juristas de la PDLI Joan Barata (de la Universidad de Standford-CIS), Lorenzo Cotino (Catedrático de Derecho Constitucional) y Carlos Sánchez Almeida (director legal de la Plataforma y abogado experto en tecnología). También intervinieron Ofelia Tejerina (presidenta de la Asociación de Internautas) y Diego Naranjo (Director de Asuntos públicos de EDRI, la organización europea de referencia en la defensa de los derechos digitales).

Todos ellos coincidieron en afirmar que uno de los principales temores respecto a estas normas había sido soslayado: ni las plataformas serán responsables de los contenidos que publican los usuarios, ni tendrán un deber general de supervisión. Esto las hubiera convertido en los censores oficiales de Internet, poniendo en peligro la libertad de expresión que ha existido en la Red en los últimos 25 años.

“La propuesta presentada hoy [en referencia al día 15] no altera los principios fundamentales que ya estaban establecidos en la Directiva de Comercio Electrónico: el principio general de exención de responsabilidad (es decir, que los intermediarios no sean responsables al distribuir contenidos de terceros, en caso de que no tengan conocimiento efectivo de que se trate de contenido ilegal), y la prohibición de imponer obligaciones generales de control y supervisión de los contenidos por parte de las plataformas”, precisó Joan Barata, jurista especialista en la materia y miembro de la PDLI.

Los expertos también señalaron como algo positivo el hecho de que se reconozca la capacidad de las plataformas de moderar contenidos sin que ello suponga, necesariamente, responsabilidades legales para las mismas: “Lo contrario representaría una peligrosa privatización de la capacidad de determinar dónde están los límites a la libertad de expresión, es decir, qué puede expresarse o no en Internet, lo que sería peligrosísimo”, apuntaba Barata.

En esa misma línea, Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, señaló que “un deber de vigilancia 24/7 es intolerable. Con la responsabilidad directa que se trataba de imponer se daba un poder tremendo a las plataformas sobre lo que podemos o no ver”.

Además, la propuesta de la Comisión también recoge peticiones que la PDLI viene planteando en lo relativo a  la moderación y retirada de contenidos por parte de las plataformas, como que se les impongan obligaciones de transparencia o la existencia de cauces sencillos y accesibles para que los usuarios puedan reclamar.

Algo que también fue destacado por Diego Naranjo, responsable de asuntos públicos de EDRI, quien valoró positivamente cómo se contemplan la monitorización de contenidos, las obligaciones de transparencia y la posibilidad de contestar las decisiones de las plataformas.


Los ‘contenidos nocivos’, el ‘conocimiento efectivo’ y los ‘riesgos sistémicos’, tres problemas para la libertad de expresión de las nuevas normas

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, la propuesta de la Comisión incluye también previsiones peligrosas, por un lado, en lo que afecta al contenido ‘nocivo’, que no necesariamente tiene por qué ser ilegal.

Otro aspecto preocupante de la propuesta, a juicio de los expertos, es lo que se refiere a la idea de ‘riesgos sistémicos’: la ‘DSA’ prevé que las grandes plataformas evalúen los ‘riesgos sistémicos’ que el mal uso de las mismas pueda generar (riesgos para la salud pública, orden público, discurso cívico…). Una vez identificados estos riesgos, las plataformas deben tomar las medidas necesarias para mitigarlos.

“Se puede llegar a un punto en que las plataformas limiten cualquier forma de discurso que, aun siendo legal, puedan presumir que es nocivo; por ejemplo, discursos minoritarios o marginales que sí están amparados por la libertad de expresión”, advirtió Barata.

Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, señaló en este punto cómo en la propuesta de la Comisión “se asocian unos actos relacionados con la propaganda y ‘fake news’, con otros actos relacionados con delitos claramente tipificados, como la pornografía infantil. Se busca que se perciban como lo mismo y justifiquen todo”, destacó.

Además, también es preocupante que se contemple que una autoridad administrativa pueda promover la restricción de estos contenidos supuestamente ‘nocivos’ (pero legales), sin que existan garantías claras de protección de la libertad de expresión.

Especialmente problemático resulta la cuestión de las ‘notificaciones’ y el ‘conocimiento efectivo’. Ofelia Tejerina lo explicó en términos muy claros: “La forma en la que la noción de ‘conocimiento efectivo’ está recogida en el proyecto es muy peligrosa: basta que un señor le diga que ese contenido no le gusta para que lo borre”.

Carlos Sánchez Almeida, puso el acento también en ese aspecto: “La nueva regulación del conocimiento efectivo de la ilegalidad de un contenido en la prestación de servicios de intermediación en internet es muy relevante y puede tener consecuencias importantes para la libertad de expresión. El artículo 14.3 de la propuesta donde se regula, es un ‘troyano’ en toda regla que en la práctica destruye las exenciones de responsabilidad de la Directiva del 2000”, alertó.

Un riesgo que también fue apuntado por Diego Naranjo: “Debe impedirse que se usen los sistemas de vigilancia para la recomendación de contenidos, como recoge la propuesta. Si no, cualquier persona puede señalar un contenido como ilegal bajo su punto de vista (particularmente probable en un momento de polarización), ante lo cual la plataforma va a borrar ese contenido”.

Si esta obligación se mantiene, “las plataformas se van a ver obligadas a borrarlo o a incluir filtros de contenido. Lo cual convertiría en una especie de Policía a las grandes plataformas”, resumió el representante de EDRI.

Por su parte Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y coorganizador de la jornada, destacó las mejoras que se contemplan relativas a transparencia y resaltó también que, a su juicio, se trata de normas necesarias: “Pensemos que la normativa que hoy rige es de cuando no había Internet 2.0. Es necesaria la regulación y marcar los conceptos como son las obligaciones de transparencia cuando se utilicen algoritmos en las plataformas”.

Finalmente, otro de los aspectos importantes de esta norma es que se establece la idea de país de origen: las instituciones europeas tendrán competencias sobre aquellas plataformas que difundan contenido a una audiencia europea o a un número significativo de público.

La jornada fue inaugurada por Jochen Müller, Director Adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, quien resumió así la intención de los nuevos Reglamentos: “La normativa nueva propuesta no dice lo que es ilícito, pero ayudará a los Estados miembros a cumplir sus legislaciones”.

En la clausura intervino Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien, afirmó que “las plataformas digitales son el principal reto al que se enfrenta la CNMC como autoridad en Competencia”.

La jornada incluyó, además, un panel moderado por Marta Timón, letrada del Tribunal Supremo y miembro de la PDLI, en el que periodistas especializados en tecnología y economía plantearon preguntas a los expertos. Contó con profesionales de EL PAÍS (Jordi Pérez Colomé), NEWTRAL (Marilín Gonzalo), Maldita.es (Carlos Hernández), EL CONFIDENCIAL (Manuel Ángel Méndez) y la agencia internacional Reuters (Belén Carreño).

Vídeos de la jornada

Primera sesión

Inauguración de la jornada sobre la ‘Digital Service Act (DSA)’ con Virginia Pérez Alonso (Presidenta de la PDLI), Jochen Müller (Comisión Europea: director adjunto de la Representación en España) y Lorenzo Cotino (Catedrático Dcho. Constitucional – Universidad de Valencia) .

Ponencia marco: claves principales de la DSA

Joan Barata, jurista experto en libertad de información y regulación de Internet de la Universidad de Stanford – CIS y miembro de la PDLI explica las principales claves de la ‘Digital Service Act’ (DSA).

Impacto de la ‘DSA’ en la libertad de expresión y coloquio con periodistas

Diego Naranjo (responsable de asuntos públicos de EDRI), Ofelia Tejerina (presidenta de la Asociación de Internautas) y Carlos Sánchez Almeida (director legal de la PDLI) analizan la regulación de las plataformas de internet y sus implicaciones para la libertad de expresión en internet Modera: Yolanda Quintana (Secretaria General de la PDLI).

A continuación, moderados por Marta Timón (Letrada del Tribunal Supremo y miembro de la PDLI), periodistas especializados plantean sus preguntas a los expertos. Participan:  Jordi Pérez Colomé (EL PAÍS), Marilín Gonzalo (Newtral), Carlos Hernández (Maldita.es), Manuel Ángel Méndez (El Confidencial), Belén Carreño (Reuters) . Ponentes: Joan Barata, Lorenzo Cotino, Ofelia Tejerina, Diego Naranjo, Carlos Sánchez Almeida.

Más información

Texto de la propuesta de la Comisión (Digital Service Act): Descargar PDF



[1] Proyecto Digital Law Prometeo/2017/064 – Generalitat Valenciana- y la Red DerechoTICs


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