La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado su preocupación por la reforma de la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular a través de una proposición no de ley, por considerarla “innecesaria y una amenaza a la libertad de expresión”.

Al contrario de lo que se plantea en su exposición de motivos, la PDLI considera que la actual redacción de la Ley es suficientemente amplia como para contemplar las posibles vulneraciones de este derecho que se produzcan a través de cualquier canal, incluidas las redes sociales, tal como los jueces la han venido aplicando hasta el momento.

“Nos preocupa esta reforma porque Internet no requiere leyes especiales: deben existir en la Red los mismos derechos y obligaciones que fuera de ella, y la normativa actual sobre derecho al honor ya da cobertura a estos supuestos. La experiencia nos indica que, cuando se regula Internet de manera específica, el resultado es un recorte de libertades y derechos que luego es muy difícil de revertir”, advierte la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

“La Ley 1/1982, aunque claramente anterior a Internet, contiene ya una serie de principios generales que son aplicables tanto al mundo online como offline. Esta generalidad no es algo negativo, como ahora parece quererse argumentar por la proposición, sino que permite precisamente al intérprete disponer de un marco general legislativo, susceptible de ser aplicado a diversos medios y sistemas de distribución”, explica el jurista Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresión.

A juicio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) esta reforma es un peligro potencial para la libertad de expresión, pues, tal como se anticipa en el texto de la proposición no de ley, se trataría de imponer restricciones adicionales a las opiniones y contenidos que se comparten en Internet.

En esa misma línea, apunta Joan Barata: “Si el legislador intenta ahora normar de forma más casuística y específica con relación a una tecnología concreta la consecuencia casi inevitable será la introducción de restricciones y limitaciones en un entorno que debe caracterizarse por una protección máxima del principio de libertad y libre y plural difusión de ideas”.

Censurar los memes

El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, anticipa alguna de las consecuencias de esta eventual reforma con un ejemplo:

“Si se pretende perseguir cualquier publicación de imágenes sin consentimiento, una actividad tan extendida para la crítica política o social, como son los memes, se convertiría en una actividad de riesgo, teniendo en cuenta lo que ya establece la Ley Mordaza”, alerta Sánchez Almeida.

La PDLI recuerda que, de forma sistemática, la supuesta defensa del derecho al honor se viene usando como arma legal para impedir la difusión de informaciones veraces y de interés general (con frecuencia, casos de corrupción) o de opiniones cuya expresión es perfectamente lícita de acuerdo a los parámetros internacionales sobre libertad de expresión.

La PDLI teme que, de seguir adelante esta proposición, España se aleje aún más de esos estándares.

Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación, en caso de abordarse, exigiría para ser aprobada la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Documento:

Proposición no de ley del GPP para reformar la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Imagen: Sebastiaan ter Burg (CC-BY)