La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera un ataque muy grave a la libertad de expresión la condena a un año de cárcel a Cassandra (@Kira_95) por varios chistes sobre Carrero Blanco publicados en Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2016.
Nuestro rechazo a esta condena a @kira_95 que vulnera los parámetros internacionales sobre #LibertadDeExpresion. #PDLIdenuncia https://t.co/wmS9StCIEo
— PDLI (@PDLI_) 29 de marzo de 2017
Una persona de 21 años ha sido condenada a cárcel por hacer chistes sobre un atentado que se produjo antes de que naciera. Pero qué es esto.
— Juan Luis Sánchez (@juanlusanchez) 29 de marzo de 2017
La sentencia, a juicio de la PDLI, vulnera los parámetros internacionales sobre libertad de expresión a los que está sujeto España.
Ya en su momento, la PDLI mostró su discrepancia con la petición de cárcel por entender que no se cumplían los criterios exigibles para este tipo de delitos y pidió a la Fiscalía que modificase su decisión.
“De la lectura de los tuits denunciados se desprende que no hay delito”, explicaba entonces Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma.
Y añadía: “El matiz más importante en los artículos del Código Penal en los que se basa su acusación el fiscal, el 578 y 579 del Código Penal, es la existencia de intencionalidad, es decir, el aspecto subjetivo del delito. En este caso, se trata claramente de unos chistes, por lo que no hay tal. Se podrá discutir si es apropiado o inapropiado, pero no hay enaltecimiento ni menosprecio a las víctimas”.
La Audiencia Nacional se empeña en devolvernos al siglo pasado. https://t.co/S7nzx60ohx
— Almeida (@bufetalmeida) 29 de marzo de 2017
El precedente de Strawberry
Para la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, “La condena a César Strawberry sentó un peligroso precedente para la libertad de expresión en España. Y ahora vemos con el caso de Cassandra que se ha abierto la veda. Su condena, que además de un año de cárcel incluye siete meses de inhabiltación, parece un claro aviso a navegantes: ‘si tuiteas cosas inconvenientes, a esto te arriesgas'”.
“Menos mal que no se puede condenar con efecto retroactivo a Tip y Coll por hacer el mismo tipo de chanzas sobre Carrero Blanco, a la sazón uno de los personajes más siniestros en la historia de este país”, remacha.
Efectivamente, cuando se hizo pública la sentencia contra el líder de Def con Dos, la PDLI advirtió que, “con los criterios del Tribunal Supremo, cualquiera puede llegar a ser condenado”.
Además, igual que ocurre en la sentencia de Cassandra, la condena a Strawberry mostraba “un preocupante desconocimiento por parte del alto Tribunal de los términos en los que hay que interpretar el alcance de la libertad de expresión, de acuerdo con los principios y normas internacionales a las que nuestro país está sujeto. El delito de enaltecimiento del terrorismo debe interpretarse de la forma más restringida posible”, según explicaba Joan Barata, jurista experto en Derecho Internacional sobre libertad de expresión, y asesor en esta materia de diversos organismos, como la OSCE.
Derogación del delito de enaltecimiento
Precisamente, para la PDLI, estos casos demuestran la vaguedad con la que estos delitos están regulados, algo reiteradamente rechazado por esta Plataforma. Una ambigüedad que constituye, como se ha visto de nuevo ahora, una amenaza latente especialmente a todo el que se pueda plantear la difusión de opiniones extremas o minoritarias, especialmente a través de las redes sociales, o a hacer humor negro o menos convencional, a pesar de que todo ello está amparado por el derecho a la libertad de expresión.
Por eso, la PDLI reclama que se inicie cuando antes el proceso para derogar estos delitos.
Un primer paso que recoge una de nuestras demandas para esta legislatura. Esperamos pronto también una Prop. DE LEY.https://t.co/9i23iFRi4L
— PDLI (@PDLI_) 27 de marzo de 2017
Por último, la PDLI ha manifestado su apoyo a la joven, al tiempo que lamenta y denuncia las graves repercusiones personales que este proceso le ha ocasionado.
No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida.
— Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017
Aunque finalmente Cassandra logre tener una sentencia acorde al Derecho Internacional, puede llegar demasiado tarde.
Este sinsentido lo tirará Estrasburgo en 481864 años. En el Gobierno, la Fiscalía y tal lo saben. Y les da igual. Otra vergüencita en Europa https://t.co/cJel1wf7xw
— Stéphane M. Grueso (@fanetin) 29 de marzo de 2017
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