¿Estarán las redes sociales vigiladas de manera preventiva? ¿Qué poder se va a dejar en manos de las grandes plataformas para controlar lo que puede circular o no por Internet? ¿La ‘Digital Service Act’ resuelve problemas… o los agrava? Estas son algunas de las cuestiones que se encuentran sobre la mesa cuando se abre un debate sobre la futura regulación de Internet, la ‘Digital Service Act’ (DSA) o ‘Ley de Servicios Digitales’, presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2020.
Para analizar el alcance de este proyecto normativo, y su impacto en la libertad de expresión, la Plataforma por la Libertad de Información (P.L.I.), junto con la Universidad de Valencia y Prodigioso Volcán, han organizado un seminario online en el que expertos, políticos y representantes de la sociedad civil plantearon sus puntos de vista y explicaron sus principales preocupaciones.
El evento fue presentado por Yolanda Quintana (secretaria general de la P.L.I.) y Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Quintana recordó que, una vez aprobado este Reglamento, además de ser aplicación inmediata, “los gobiernos nacionales van a tener que adaptar sus legislaciones, por lo que nos va a afectar a cada uno de nosotros”.
Lorenzo Cotino, por su parte, destacó los objetivos que debería cumplir esta norma: “debería definir un marco jurídico con mayor claridad, sobre qué pueden o deben hacer las plataformas, el alcance de su responsabilidad y sobre las garantías que tienen los usuarios ante la retirada de sus contenidos”
Joan Barata, cuyo informe se presentaba en este evento, señaló al comienzo de su intervención que: “la DSA era muy esperada a finales del año 2020. Nos encontramos ante un texto complejo y sofisticado. Probablemente sea la propuesta más completa que hemos visto hasta ahora a nivel mundial. Está provocando muchos debates y conversaciones que van más allá de las fronteras de la UE”.
[Información y programa de la jornada aquí]
Vídeo de la jornada (español)
Vídeo de la jornada (inglés)
La jornada, orientada a un público europeo, en particular a los legisladores comunitarios y a expertos y ONGs sobre derechos digitales, pudo seguirse en inglés: