La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado una queja a la embajada turca en Madrid por la detención y expulsión de la periodista española Beatriz Yubero.
La PDLI expresa en su escrito su más firme condena al tratamiento sufrido por la periodista y exige que se aclaren las causas de su detención. Además, la Plataforma insta al gobierno turco a rectificar su postura, permitiendo la entrada en Turquía de nuevo de la periodista.
Yubero fue “deportada” por las autoridades turcas durante este fin de semana tras haber permanecido detenida durante más de 36 horas acusada de terrorismo según confirmó ayer la propia Yubero a través de su cuenta de Twitter.
Ya estoy en España. Tras estar 36 horas detenida acusada de terrorismo, he quedado sin cargos y deportada.
— Beatriz Yubero (@b_yubero) 8 de agosto de 2016
Aunque los cargos fueron retirados, la periodista fue obligada a salir del país tras hacerle firmar un documento, en presencia del embajador español, en el que admitía que su salida era voluntaria, bajo la amenaza de ser conducida, en caso contrario, a un campamento de extranjería, tal como ha narrado para el diario La Razón donde colabora.
“Lo que ha ocurrido con Beatriz Yubero es inaceptable y un ataque a las libertades y derechos más esenciales. Una detención y deportación con amenazas, de las que se desconocen los motivos y sin posibilidad de defensa es muy grave. Instamos a las autoridades turcas a reconsiderar su postura y al gobierno español a ser firme en esta exigencia”, ha afirmado Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI.
“Además, debe aclararse el papel del embajador español en funciones en Turquía. Nos parece inaudito que se encontrara presente cuando la periodista era presionada para firmar un documento declarando voluntaria su salida del país, cuando en realidad se trataba de una ‘deportación’ según ha explicado la propia periodista”, ha añadido.
Protesta por la purga masiva
Por otro lado, en su escrito al gobierno turco, la PDLI declara que considera incompatible con un estado democrático la purga masiva que se está realizando en el país y que alcanza a todas las capas sociales, y que atenta en particular a pilares básicos de la democracia como son la libertad de expresión y de información, el derecho de defensa y la independencia judicial.
La PDLI, que integra a periodistas, medios de comunicación e instituciones jurídicas como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), manifiesta su rechazo por las detenciones de periodistas, jueces, abogados, investigadores y profesores y exige su liberación.
Hasta la fecha, 67 periodistas han sido detenidos en Turquía desde el golpe de estado, según el seguimiento que realiza la Federación Europea de Periodistas (EFJ). Además, las autoridades turcas han cerrado un total de 131 medios de comunicación y han restringido el acceso a Internet o a determinados contenidos.
La purga masiva impulsada por Erdogan tras el intento de golpe de Estado ha supuesto ya la detención de cerca de 20.000 personas y la suspensión de empleo de otras más de 60.000, según calculan medios internacionales.