La cuestión de la responsabilidad de las redes sociales por los contenidos que publican sus usuarios se situaba estos días en el primer plano del debate político internacional tras la decisión de Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para, aparentemente, tratar de limitar la inmunidad actual de estas plataformas.
Lo que Trump quiere: cambiar por decreto (executive order) lo que una ley y la jurisprudencia han establecido hace dos décadas. Pero no lo ordena directamente, va a pedir a agencias de regulación que lo hagan. Por ahora hay mucho ruido pero nada cambia @PDLI_
— Joan Barata (@JoanBarata) May 29, 2020
Además, en el ámbito europeo, la Comisión acaba de abrir el proceso de consulta pública sobre la ‘Digital Services Act’, un paquete legislativo que modificará profundamente la actual normativa sobre servicios digitales (Directiva de comercio electrónico) y afectará, también, a los contenidos que se comparten a través de redes sociales.
Por otro, en paralelo surgen iniciativas de las propias compañías para autorregularse, como el ‘comité de sabios’ que Facebook acaba de poner en marcha.
Para analizar las implicaciones de todo ello, la Universidad de Valencia (Cátedra PAGODA, Research Group, Red Derecho TICs, ODISEIA) junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), y con el apoyo de la la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, han organizado un debate en el que juristas y expertos han analizado el impacto que un cambio en el estatus legal de estas plataformas tendría para la libertad de expresión en Internet.
Postura de la PDLI
A juicio del director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, “está en juego la libertad de expresión en la internet que hemos conocido en los últimos 25 años. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como la Comisión Europea han planteado la revisión de la normativa que exoneraba de responsabilidad a las plataformas online por los contenidos aportados por sus usuarios”.
Por su parte, Joan Barata (jurista experto en libertad de expresión en Stanford-CIS, asesor de diversos organismos internacionales y miembro de la PDLI), advierte que “imponer a las plataformas obligaciones y responsabilidades con relación a la moderación de contenidos supone la delegación o privatización de funciones que son netamente públicas. Si son forzadas a determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos bajo la amenaza de sanciones legales, las plataformas actuarán de forma especialmente restrictiva afectando pues de forma considerable el derecho a la libertad de expresión”.
Y añade: “Los debates en Estados Unidos sobre la Sección 230 (que son más profundos y complejos que lo que se desprende de la Orden Ejecutiva de Donald Trump) así como el lanzamiento del proceso de revisión de la Directiva europea de comercio electrónico ponen de manifiesto una preocupante tendencia a limitar las inmunidades otorgadas a las plataformas online en los 90 y que permitieron el desarrollo de Internet”.
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