La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) remitirá en los próximos días a la Fiscalía documentación que acredita que la detención y encarcelamiento del periodista sueco-turco Hamza Yalçin no está justificada y, aún menos, su extradición a Turquía.

La PDLI considera que la legislación española -la Ley de Extradición Pasiva (LEP)– contempla supuestos suficientes para que nuestro país rechace esta petición de Turquía, una vez que este país la formalice dentro del plazo de cuarenta días con el que cuenta.

La PDLI entiende que España puede basar esta denegación, en primer lugar, en el artículo 5.1. de esta norma que permite rechazar la extradición cuando se tengan razones fundadas para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de castigar a una persona por opiniones políticas.

A juicio de la Plataforma, las acusaciones que pesan sobre Hamza Yalçin carecen de fundamento y credibilidad y solo hacen referencia a su legítimo derecho de crítica ejercido como periodista y escritor. En este sentido, la PDLI destaca, como ya recordaba hace unos días, que un reciente informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, refleja el amplio margen con el que Turquía está aplicando “conceptos como propaganda y apoyo a grupos terroristas” como forma de reprimir la libertad de expresión.

Además, la PDLI señala que, aunque falta por conocer por qué presunto delito concreto se pide la extradición (una falta de información que, por otro lado, la PDLI considera inaceptable), el artículo 4.1 de la LEP también es claro al contemplar que estas solicitudes se rechacen cuando se trata de delitos de carácter político.

Según la PDLI, hay suficientes datos documentados, respaldados tanto por asociaciones internacionales de periodistas y de defensa de la libertad de prensa, como de organismos internacionales, que permiten hacer uso de estos supuestos.

Finalmente, la PDLI señala que también podría basarse la denegación en el artículo 4.6, al no ofrecer Turquía garantías suficientes de asegurar la integridad del periodista o la ausencia de tratos vejatorios, teniendo en cuenta que, desde hace un año, el Convenio europeo de Derechos Humanos se encuentra suspendido.

Próximos pasos

Teniendo en cuenta este marco legal, la PDLI ha anunciado que va a aportar en los próximos días a la Fiscalía, en primer lugar, los datos que acreditan la situación de constante violación de los Derechos Humanos y las libertades en Turquía, así como las noticias e informes donde se recogen estos hechos.

En segundo lugar, se hará constar documentalmente la alarma social internacional generada tras su detención. Y, por último, se informará de la trayectoria de compromiso político de Hamza Yalçin como periodista y escritor a favor de los Derechos Humanos y la libertad de expresión.

La PDLI ha vuelto a insistir en su exigencia de que, mientras esto se resuelve, gobierno, Fiscalía y Audiencia Nacional den los pasos necesarios para que el periodista sea liberado de inmediato.

Además, recuerdan que el gobierno debe explicar las razones de esta detención, y los detalles concretos de la orden de detención, más allá de las informaciones que han transcendido. En particular, piden conocer por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la prisión para el periodista.

Detenciones por usar cifrado

Por otro lado, la PDLI ha llamado la atención sobre la detención ayer en Turquía de 35  periodistas y empleados de medios de comunicación. La prueba en la que se basa la Fiscalía para ordenar las detenciones es aparentemente el supuesto uso por parte de los sospechosos del programa ByLock, una aplicación no muy conocida de mensajería móvil cifrada que ya ha estado anteriormente en el punto de mira de las autoridades turcas.