Detenciones y denuncias

‘Ley Mordaza’: La PDLI celebra que el Defensor del Pueblo se haga eco de las quejas por vulneraciones a la libertad de expresión y que inste a reformarla

11 Jun , 2019  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) celebra que el Defensor del Pueblo haya urgido  a los partidos a reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, según se recoge en su Informe anual presentado hoy martes.

En el capítulo dedicado a esta norma, el Defensor reproduce literalmente los argumentos de las respuestas que ha venido remitiendo a esta Plataforma ante las quejas presentadas por las multas impuestas a periodistas en el ejercicio de su función.

Así, por ejemplo, cuando expone que “la aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental. La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio”.

Algo que el Defensor del Pueblo ya trasladó en su momento a la Delegación del Gobierno en Madrid a raíz de la queja presentada por la PDLI por la multa a la periodista Mercè Alcocer cuando cubría la comparecencia de Jordi Puyol en la Audiencia Nacional.

De hecho, el propio Defensor insiste en que se trata de recomendaciones ya recogidas en ediciones anteriores.

Reforma a fondo

Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que cuatro años de aplicación de esta ley han demostrado que una reforma parcial no sería suficiente ya que la vulneración de derechos fundamentales no se debe sólo a una aplicación incorrecta de la norma o por los preceptos que han sido objeto de recurso ante el Constitucional (que son los que Pedro Sánchez se ha comprometido a derogar).

Una vez más, la PDLI recuerda que las sanciones contra la libertad de expresión se están produciendo principalmente por artículos no recurridos ante el Constitucional, como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”, que permiten un uso arbitrario tal y como viene documentando y denunciando. Por ello, la PDLI insta a una derogación de gran parte de la ley, en lugar de reformas parciales como las que se tramitaron, sin éxito, la pasada legislatura.

 

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