Amenazas y presiones

La querella contra eldiario.es por el ‘máster de Cifuentes’ representa una amenaza grave para el periodismo de investigación

28 Jun , 2018  

Ante la comparecencia hoy en el juzgado de Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, director y responsable de la sección de Sociedad, respectivamente, de eldiario.es -socio fundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), manifestamos lo siguiente:

Transmitimos nuestro apoyo a este medio y a los periodistas que han llevado a cabo la investigación del caso del ‘máster de Cifuentes’, cuyo interés público y relevancia han quedado fuera de toda duda, entre otras cosas, por las consecuencias políticas de la información revelada.

Igualmente, entendemos que la veracidad de estas informaciones está respaldada por la diligencia profesional con que este caso ha sido tratado por parte de eldiario.es y sus periodistas, algo que la jurisprudencia ha dejado ya establecido.

Que los hechos dados a conocer por eldiario.es, por esas mismas razones, debían ser de conocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, la escasa transparencia, cuando no opacidad, de los poderes públicos e instituciones permitió que las irregularidades denunciadas permanecieran ocultas.

Que, en ocasiones, ante esta falta de transparencia, las filtraciones son el único medio posible de que información relevante de interés público salga a la luz. Numerosos casos en la historia del periodismo de investigación en todo el mundo han tenido su origen en filtraciones.

El interés público y periodístico de las filtraciones es indiscutible. Puede citarse como ejemplo que uno de los últimos premios Pulitzer recayó precisamente en una investigación periodística internacional a partir de la filtración masiva de documentos: Los Papeles de Panamá.

Sin embargo, a pesar de todo ello y de que el Parlamento Europeo ha instado a los Estados a regular las filtraciones y proteger a los denunciantes, en España hay un marco legal que no solo no les ofrece ninguna cobertura, sino que además los criminaliza gravemente, pudiéndose dar incluso la circunstancia de ser acusados de delitos de terrorismo.

La situación jurídica, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años. La última reforma del Código Penal sitúa a las filtraciones en la esfera del terrorismo, al considerar como tal los delitos informáticos (artículo 573). Éstos, por una modificación de última hora, incluyen a quien “por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático” (artículo 197 bis).

Frente a esa falta de protección, desde la PDLI venimos pidiendo insistentemente que los denunciantes o alertadores se encuentren amparados por un marco legal adecuado, como ya ocurre en otros países. Un camino que el Parlamento Europeo ya ha iniciado, impulsando un futura normativa comunitaria en esta materia.

En España, sin embargo, la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo la protección a casos muy limitados.

La PDLI ya trasladó a los Grupos Parlamentarios el pasado 6 de noviembre la petición de introducir los siguientes cambios en la proposición de ley sobre denunciantes, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia:

  1. Que se garantice el anonimato del informante.
  2. Que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculadas a la Administración Pública.
  3. Que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.
  4. Esto supone, entre otros cambios, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción  y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, así como la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos.

 

Finalmente, la PDLI teme el hecho de que la querella contra eldiario.es sea un instrumento para acceder a la fuente de las informaciones publicadas, cuya protección es uno de los deberes profesionales de los periodistas. En este caso, se trataría de una grave injerencia en el derecho constitucional a informar y a ser informado, y de una amenaza inaceptable contra el periodismo de investigación.


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