Amenazas y presiones

La PDLI condena los ataques contra el secreto profesional de los periodistas

16 Ene , 2019  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su rechazado ante los últimos ataques al secreto profesional y protección de las fuentes que la Constitución garantiza para periodistas y medios, tras los requerimientos dirigidos a la Agencia EFE (por el caso Cursach) y El Confidencial y Moncloa.com (por el caso BBVA/Villarejo).

Este martes, la Agencia EFE dio a conocer que la Policía Nacional había requerido al juez del caso Cursach que ordenara a dos compañías telefónicas la entrega de los listados de las “llamadas y emitidas y recibidas, así como de los posicionamientos de los teléfonos y restos de datos asociados al teléfono” de una de las redactoras, así como la relación de todas las comunicaciones a través la centralita de la delegación de este medio en Baleares.

También ese mismo día, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó que la Policía Nacional acudiera a las instalaciones de El Confidencial y la web Moncloa.com para que entregaran “todo el material relacionado” con la contratación por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al Grupo Cenyt (empresa propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo).

Ante estos hechos, que la PDLI califica de grave ataque al periodismo y a la libertad de prensa, la Plataforma reitera, como ya hizo en el caso de los registros de El Diario de Baleares y Europa Press Baleares, que el secreto de las fuentes está amparado por la Constitución como garantía del derecho a la información de la ciudadanía y, por tanto, de la democracia.

La misma crítica, la PDLI la hace extensiva para los casos de El Confidencial y Moncloa.com  y recuerda igualmente la exigencia de que la investigación judicial respete el secreto de las fuentes y el resto de garantías vinculadas al derecho a la información de la ciudadanía.

El director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, señala la “manifiesta ilicitud”, a su juicio, de estas pruebas:

“Que la Policía pida controlar las llamadas de una redacción periodística no tendría que ser noticia si el juez hubiese hecho correctamente su trabajo denegando la prueba por ser manifiestamente ilícita”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, ha denunciado: “Diría que esto es el colmo, pero últimamente el colmo de los abusos a la libertad de expresión y libertad de información ocurre cada dos por tres”.

Finalmente, la PDLI destaca la precariedad jurídica en la que se encuentran medios y denunciantes en caso de filtraciones periodísticas y vuelve a insistir en la necesidad de proteger a denunciantes e informadores en caso de noticias relevantes de interés público.

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