La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que la sentencia del Tribunal Supremo responsabilizando al agregador español Menéame.net de los contenidos vertidos por un usuario es una grave amenaza a la libertad de expresión en Internet y supone un peligroso retroceso respecto a la situación actual, en la que las plataformas gozan de una amplia inmunidad respecto a los contenidos que alojan.

La PDLI entiende que, en el ámbito del derecho honor, son los tribunales, y no las plataformas, quienes están en posición de determinar la licitud o no de los contenidos que publican sus usuarios:

“En cuestiones relativas a la reputación deben ser los jueces, y no las propias compañías, quienes definan en cada caso qué es libertad de expresión y qué clase de contenido debe ser borrado por vulnerar el derecho al honor, en función del contexto, del daño causado,etc. por lo que no es aceptable ni conveniente que se delegue esta función en las plataformas”, explica Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión y miembro de la PDLI.

“Incluso cuando estas compañías retiran mensajes por incumplimiento de sus términos de servicio, éstas generalmente dejan al margen los conflictos reputacionales para que se diriman en los tribunales”, añade Barata.

Inmunidad de las plataformas

Tanto la legislación europea (Directiva de Comercio Electrónico), como estadounidense (sección 230 de la CDA), establecen actualmente una exoneración de responsabilidad muy amplia de estas compañías tecnológicas ante las eventuales ilicitudes que comentan sus usuarios.

La PDLI considera, igual que los expertos, que este marco legal ha permitido el desarrollo de Internet. En un debate reciente sobre esta cuestión a propósito del conflicto de Trump con la red social Twitter, el jurista de la PDLI y asesor de diversos organismos internacionales, Joan Barata, lo explicaba así: “Si son forzadas a determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos bajo la amenaza de sanciones legales, las plataformas actuarán de forma especialmente restrictiva afectando pues de forma considerable el derecho a la libertad de expresión”.

La PDLI advierte que la sentencia del Supremo en el caso Menéame acentúa este riesgo al establecer la obligación del agregador de evaluar la licitud o no de los comentarios que un concejal pedía borrar.

Por otro lado, esLa multa de 1.200 euros a Menéame por los insultos en los comentarios plantea un futuro oscuro para cualquier medio en España resolución es contraria a otras decisiones del Supremo en las que se exoneraba de responsabilidad a las plataformas. La PDLI señala que la ausencia de un criterio estable en esta materia supone una amenaza adicional a la libertad de expresión por la inseguridad jurídica que representa, acentuando un efecto autocensura que es muy peligroso.

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