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Amenazas y presiones

El filtrador de #Luxleaks tampoco estaría protegido con la ‘Ley del denunciante’ española

15 Mar , 2017  

Hoy a las 15 horas se ha conocido la sentencia de apelación de Antoine Deltour, cuyas filtraciones destaparon el caso #Luxleaks, un entramado de favores fiscales en Luxemburgo con más de 350 empresas. El tribunal ha rebajado su pena y ha sido finalmente condenado a seis meses de prisión y 1.500 euros de multa.

Tanto él, como Raphaël Halet, ambos extrabajadores de la consultora PwC, habían sido declarados culpables de robar documentos, revelación de secretos y violación de secretos comerciales el pasado 29 de junio por un tribunal de Luxemburgo. Deltour resultó condenado a 12 meses de prisión y a una multa de 1.500 euros; Halet recibió una condena de 9 meses y 1.000 euros.

Por su parte, el periodista Édouard Perrin, reportero de la televisión pública France 2 que destapó los documentos, también procesado, resultó absuelto de todos los cargos.

Deltour apeló su condena, y hoy se ha conocido el veredicto, aunque finalmente no tendrá que entrar en prisión.

El caso Deltour y la necesidad de proteger a los informantes

Casos como el de Deltour demuestran, a juicio de la PDLI, la situación precaria de estos denunciantes y las amenazas legales que pesan sobre ellos incluso en Estados democráticos, a pesar del interés social de las informaciones que revelan.

Por ello, es necesario modificar la ley para reconocer y proteger a este tipo de informantes, al igual que manifestamos el viernes pasado a raíz de la detención del supuesto filtrador de los documentos de “Los Papeles de la Castellana”.

Sin embargo, la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo la protección a casos muy limitados.

Frente a esto, la PDLI, en defensa del derecho a la información, considera que alertadores como Deltour, Falciani o el presunto filtrador de “Los Papeles de la Castellana” merecen, el lugar de estar amenazados con penas prisión, encontrarse amparados por un marco legal que les proteja.

Para ello, entre otros cambios en la proposición de ley sobre denunciantes, la PDLI reclama: que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.

Esto supone, entre otros cambios, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción.

Por su parte, Fíltrala, socio de la PDLI destaca que “Las filtraciones son un fenómeno esencial en una democracia. En muchas países las filtraciones a la prensa gozan de una protección legal específica. En España no solo no sucede eso sino que con la actual legislación podrían ser consideradas como terrorismo”.

#LuxLeaks

‘LuxLeaks’ fue una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participaron diversos medios europeos, entre ellos El Confidencial.

En el caso de nuestro país, las filtraciones demostraban que varias multinacionales operan en España a través de sociedades en Luxemburgo para evitar pagar aquí sus impuestos. Entre ellas, destacan Pepsi, Ikea, Burberry o Amazon.

Las revelaciones pusieron en marcha una batería de reformas legislativas y actuaciones políticas para mejorar la vigilancia sobre el movimiento de capitales en la UE, sin embargo, la PDLI lamenta que la protección de los filtradores sigue siendo una tarea pendiente.

Imagen: Protesta por la condena a Deltour en Luxemburgo


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