La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su solidaridad con ‘Contexto’ tras haberse conocido que este medio ha sido condenado por vulnerar el honor de un conocido actor. La magistrada Ana Mercedes Merino Melara impone la censura a la revista y prohíbe “la divulgación o publicación de cualquier información relacionada con la noticia” que originó la demanda.

A juicio de la PDLI se trata de una decisión judicial muy peligrosa para la libertad de información e inaceptable ya que el artículo 20 de la Constitución española, de acuerdo con los estándares internacionales, impide expresamente que se puedan prohibir de forma preventiva nuevas informaciones sobre una noticia.

“Después de decir que la noticia es cierta, no falsa, y que se contrastó, se recoge una jurisprudencia sobre un supuesto totalmente distinto (caso ‘PUTASGAE’) y que contraviene el fallo, lo de prohibir informaciones futuras se parece demasiado a la censura previa, proscrita por el artículo 20 de la Constitución y el artículo 538 del Código Penal que establece que ‘la autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años”, explica el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

“Hasta la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe los contratos que vendan toda la obra futura de un autor. ¿Cómo va a prohibir escribir nuevas informaciones sobre una noticia pasada?”, añade Sánchez Almeida.

La PDLI lamenta profundamente esta decisión y recuerda, una vez más, que los estándares internacionales, en el caso del derecho honor, exigen ponderar cuidadosamente el daño que las leyes y las decisiones judiciales pueda causar al derecho fundamental a la libertad de información, tanto el impacto directo en los casos concretos que se juzgan como por sus consecuencias futuras debido al ‘efecto desaliento’ (chilling effect) que provocan las normas y las decisiones de los jueces.

En este sentido, la PDLI considera urgente que el Poder Judicial potencie y mejore la formación de jueces/zas y magistrados/as en materia de libertad de expresión y sus límites legítimos.