La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha realizado un análisis de urgencia a las enmiendas que los Grupos Socialista y Podemos registraron este miércoles para modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y advierte que la realidad de estas propuestas contrasta con los anuncios difundidos en los días previos.
Lejos de derogarse, esta norma, que desde la PLI junto con otras organizaciones sociales y expertos juristas se ha venido calificando de innecesaria para proteger a los ciudadanos, se mantiene y, además, continuarían vigentes los aspectos más lesivos de esta ley.
Estos son los puntos principales:
- Continuarán las multas arbitrarias contra periodistas o activistas. La PLI viene insistiendo en que las sanciones por documentar actuaciones policiales no se están produciendo por el artículo que exigía autorización para difundir imágenes de agentes y que ya ha sido anulado por el Tribunal Constitucional por considerarlo censura previa (art.36.23), sino por dos preceptos genéricos y de una enorme ambigüedad: “desobediencia a la autoridad” (art. 36.6) y “faltas de respeto” (art. 37.4).
- Casos como el del fotógrafo de ‘El País’, Albert García, o el del también fotorreportero Raúl Capín, sustentados en la declaración sin pruebas de los agentes se seguirán produciendo. Las enmiendas no acaban con el problemático ‘principio de veracidad’ de la policía.
- La impunidad ante agresiones a periodistas documentadas no se resuelve: las enmiendas no entran a regular una cuestión que viene demandando la PLI y otras organizaciones como es la claridad de los rótulos en los uniformes policiales con la identificación de los agentes.
- Manifestaciones espontáneas. La reforma propuesta para reformar el artículo 37.1 sobre la responsabilidad de los organizadores o promotores de una protesta sin “comunicación previa” no determinará la comisión de esta infracción “siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.
A juicio de la PLI esta previsión no aporta suficientes garantías frente a sanciones desproporcionadas o arbitrarias que persigan disuadir del ejercicio del derecho de manifestación.
“La clave del 15M fue la utilización de herramientas digitales en tiempo real, especialmente telefonía móvil, unida a manifestaciones no comunicadas. Y eso es lo que pretendió evitar el PP mediante la ‘ley Mordaza’: un nuevo 15M. Por ello esta enmienda es francamente mejorable para garantizar el derecho de reunión. No ha de haber sanción en ningún caso salvo cuando afecta a infraestructuras críticas”, señala Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PLI.
Escrito de la PLI a los Grupos Parlamentarios
Este miércoles, la Plataforma registraba un escrito en el Congreso de los Diputados pidiendo a los Grupos una reforma amplia de esta ley.
“Hemos ido al Congreso a recordar que la libertad de expresión no es negociable y pedir a los grupos que a la hora de legislar en esta materia tengan en cuenta que tienen los límites, muy tasados, que marcan los estándares internacionales a los que España está sujeta”, explica Yolanda Quintana, secretaria general de la PLI.
En dicho escrito, la PLI presentaba los datos de las sanciones impuestas para que los partidos sean conscientes de los artículos que verdaderamente han venido representando un peligro para periodistas, manifestantes, artistas y ciudadanos en general. También se les recordaba los reiterados informes internacionales (de Naciones Unidas y la Comisión Europea, entre otros) que instan a España a una reforma a fondo de esta ley, eliminando preceptos ambiguos e interpretables como ‘resistencia a la autoridad’ o ‘falta de respeto’, entre otros.