Las organizaciones abajo firmantes de la coalición Media Freedom Rapid Response (MFRR) expresan hoy su grave preocupación por la reciente multa de 1.000 euros impuesta al fotógrafo ganador del premio Pulitzer, Javier Bauluz, en virtud de la controvertida Ley Mordaza de España. La multa representa otro ejemplo de la necesidad del gobierno español de reformar urgentemente los elementos más problemáticos de la ley de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos para proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En noviembre de 2020, el fotógrafo había estado documentando la llegada de miles de refugiados y migrantes a Gran Canaria. Cuando intentaba tomar fotografías de la llegada de un bote de rescate al puerto de Arguineguín, dos policías se le acercaron. Las imágenes de video parecen mostrar que uno de los oficiales lo agarra del brazo y le exige que abandone el área pública. Después de que Bauluz protestó, la policía le impuso dos multas por “faltar el respeto a un agente” y “negarse a identificarse”.

Promesas, pero no reforma

Más de un año y medio después, Bauluz finalmente recibió una multa de 960 € por los dos cargos en virtud del artículo 36.6 y el artículo 37.4 de la Ley Mordaza o Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de España, denominada “Ley Mordaza”. Bauluz rechazó las multas y dijo que la policía había limitado el acceso de la prensa al centro de acogida, limitando injustificadamente la capacidad de la prensa para documentar adecuadamente la situación que había sido criticada por condiciones inaceptables. No hay opción de apelar las sanciones administrativas.

Bauluz es uno de los muchos periodistas, fotógrafos y activistas en España que han sido multados en virtud de la Ley Mordaza de 2015 por presuntos comportamientos que ponen en peligro el trabajo de las fuerzas del orden. Entre otros preceptos, esta norma permite a las autoridades multar a periodistas y organizaciones de medios por distribuir imágenes no autorizadas de policías. Los grupos de libertad de prensa y las organizaciones de derechos humanos han criticado repetidamente la ley por violar la libertad de expresión y dar lugar a sanciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de los medios como Bauluz.

En diciembre de 2020, el Parlamento español inició un debate largamente esperado sobre la reforma de la ley. Sin embargo, lamentablemente esto no ha llevado a ningún resultado tangible hasta el momento, a pesar de ser una de las promesas del manifiesto del gobierno actual. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha expresado su preocupación por el texto del proyecto de ley propuesto, que considera insuficiente para cumplir plenamente con las obligaciones de España en materia de derechos humanos. En enero de 2021, el Tribunal Constitucional validó el cumplimiento de la ley con los principios constitucionales, con excepción de la disposición que se refiere a la prohibición de la grabación no autorizada de operaciones policiales.

A raíz de la multa emitida contra Bauluz, los socios del MFRR vuelven a instar al gobierno español a impulsar y emprender una reforma integral de la Ley Mordaza en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Nuestras organizaciones también piden que se retire de inmediato la multa contra Bauluz. Es vital que se eliminen todas las barreras que obstaculizan la capacidad de los periodistas y fotoperiodistas para realizar trabajos de interés público y documentar posibles abusos contra los derechos. Hasta que no se reforme esta legislación, la libertad de prensa en España seguirá sufriendo.

 

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ARTÍCULO 19 Europa
Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF)
Federación Europea de Periodistas (EFJ)
FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España)
Prensa gratuita ilimitada (FPU)
Instituto Internacional de Prensa (IPI)
OBC Transeuropa (OBCT)
Plataforma por la Libertad de Información (PLI)