En menos de dos semanas entrarán en vigor las conocidas como “Leyes Mordaza” en España. Aunque se ha hablado mucho de ellas, es probable que todavía no seamos conscientes de su verdadero alcance: Por ejemplo, a partir del 1 de julio, cualquier broma en redes sociales podrá interpretarse como enaltecimiento del terrorismo o desprecio a las víctimas. Las nuevas leyes sancionan, e incluso criminalizan,  formas habituales de expresar opiniones o determinadas informaciones.

Así, la reforma del Código Penal, incorpora un catálogo de nuevos delincuentes que incluye a quienes difundan consignas por Internet, se burlen de la Corona, o consulte una web de forma habitual. Para llevar esto a cabo, además, está en marcha la creación de un súper fichero que, tras rastrear y cruzar datos de nuestra actividad digital, permitirá disponer de perfiles de “sospechosos”.

Pero no solo la libertad de opinión se ve amenazada. El periodismo, y el derecho a la información, tendrán  restricciones muy serias, como en casos de filtraciones como la lista Falciani o los correos de Blesa, por la consideración de terrorismo que adquieren los delitos informáticos, entre los que se encuentra “el acceso a datos contenidos en un sistema”. O las imágenes de policías, cuyo uso podrá sancionarse sin que medie ninguna decisión judicial para valorar su interés, o no, informativo.

Por otro lado, otra reforma ahora en tramitación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede introducir límites adicionales, como prohibiciones para fotografiar a detenidos o informar de causas judiciales. Teniendo en cuenta que la aplicación de estas medidas es inminente, eldiario.es y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) organizaron un coloquio para analizar las consecuencias de estas normas en los derechos y libertades.

Este debate formó parte de las actividades llevadas a cabo por una delegación internacional de alto nivel encabezada por el International Press Institute (IPI) y de la que formaba parte la PDLI, desplazada a España para exigir al gobierno y partidos políticos mayores garantías para informar y ejercer el periodismo.

En el debate  participaron: Javier Gallego Crudo (periodista), Juan Luis Sánchez (subdirector de eldiario.es), Yolanda Quintana (coordinadora y secretaria general de la PDLI), Alba Villanueva (plataforma No Somos Delito), Darío Adanti (revista Mongolia) y Scott Griffing (Instituto Internacional de Prensa).