Tras los atentados de Bruselas, las fuerzas de seguridad belgas pidieron a medios y ciudadanos que no informaran del desarrollo de una operación antiterrorista ante la posibilidad de que esta se pusiera en riesgo si los terroristas tenían acceso a la información que eventualmente se hiciera pública. Esta misma circunstancia ya se produjo también en Bruselas tras los atentados de París, durante una operación policial en el centro de la ciudad belga.
Ese ejercicio de responsabilidad es constante, cotidiano, parte esencial de la ética y la deontología profesionales, y por tanto intrínseco al propio periodismo
Los medios y periodistas tenemos a menudo acceso a informaciones delicadas y confidenciales ante las cuales solemos actuar con responsabilidad. Somos nosotros los que, en circunstancias excepcionales, tomamos la decisión de no publicar algo o de posponer unas horas la publicación de una historia si consideramos que hacerlo no altera su valor informativo y que la sociedad obtendrá un bien mayor si actuamos de esta manera. Ese ejercicio de responsabilidad es constante, cotidiano, parte esencial de la ética y la deontología profesionales, y por tanto intrínseco al propio periodismo.
Por eso, un medio de comunicación no necesita de la tutela de terceros, aunque esta se produzca en una situación excepcional como un ataque terrorista y venga de la mano de fuerzas de seguridad del Estado, para determinar cómo o cuándo informar de un hecho concreto. Sí, existe la posibilidad de que se cometa una imprudencia y esta provoque consecuencias indeseadas, pero un Estado de Derecho cuenta con los mecanismos necesarios para hacer responder al periodista o medio a posteriori si se acredita daño por una mala práctica o si un juez así lo decide. Como en cualquier otro ámbito.
Los Gobiernos europeos se esfuerzan en transmitir que estamos ante un dilema entre seguridad y libertad
A lo largo de los últimos años, amparados en la conmoción que en la sociedad producen la imprevisibilidad y aleatoriedad de estos atentados y aprovechando siempre los momentos inmediatamente posteriores a estos ataques –los de más impacto emocional-, los Gobiernos europeos se esfuerzan en transmitir que estamos ante un dilema entre seguridad y libertad, en el que siempre la seguridad acaba quedando por encima de las libertades.
Pero este es un falso dilema, porque en sociedades democráticas, el propio Estado de Derecho equilibra dichos derechos a priori, desde su propia concepción; es decir, el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales está ya legislado y comprendido en las propias Constituciones.
Los ciudadanos impelidos por el miedo pueden acabar normalizando esta infravaloración de ciertos derechos, entre ellos del derecho a la información
Por eso es tan peligrosa la justificación de las situaciones de excepcionalidad, no ya por quienes impulsan dichos estados de excepción, sino sobre todo por los ciudadanos, que impelidos por el miedo pueden acabar normalizando esta infravaloración de ciertos derechos, entre ellos del derecho a la información.
Medios y periodistas no debemos asumir de manera acrítica siquiera la sugerencia de estos ‘apagones’ informativos
Aceptar y acatar sin más cuestionamientos la petición policial de no informar conlleva para el periodista hacer una dejación de sus funciones de vigilancia para con los poderes públicos, presuponiendo que dichos poderes públicos (en este caso, fuerzas de seguridad de Estado) van a actuar de acuerdo a Derecho. Pero, ¿y si durante dicha operación se produce una violación de los derechos de ciudadanos inocentes? ¿Y si se produce una violación de derechos incluso de ciudadanos culpables? ¿Y si esas actuaciones quedan impunes? ¿Y si no hay nadie allí para contarlo y denunciarlo?
No todo puede valer, ni siquiera en circunstancias excepcionales. Garantizar los derechos fundamentales es responsabilidad de los Estados y de sus representantes, es decir, Gobiernos y fuerzas de seguridad, entre otros. Y una de las tareas del periodista es vigilar que esas garantías se cumplan y denunciarlo cuando no sea así. Por eso medios y periodistas no debemos asumir de manera acrítica siquiera la sugerencia de estos ‘apagones’ informativos si no queremos renunciar a la propia esencia de nuestra profesión ni a nuestra responsabilidad social, en su sentido más amplio.
VIRGINIA PÉREZ ALONSO es presidenta de la PDLI y miembro de la Junta Ejecutiva del IPI
Foto: AP/Alastair Grant
