La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) advierte que la falta de protección legal para quien filtre documentos como los de los ‘Papeles de Panamá’, ganadores de un Pulitzer, o los ‘Papeles de la Castellana’, es un obstáculo para el periodismo de investigación y el derecho a la información de los ciudadanos.

Según la PDLI, el Pulitzer para los ‘Papeles de Panamá’ demuestra la necesidad de proteger a quien filtre documentos, igual que ya ocurre en otros países, a fin de evitar posibles represalias o cualquier acción posterior de sanción, ya sea en el ámbito público o privado.

Ahora, tanto los ‘whistleblowers’ que revelen información relevante mediante la filtración de documentos, como, en algunos casos, los periodistas y medios que trabajen con este material, se enfrentan a serias amenazas legales.

Así lo demuestra, por ejemplo, el caso reciente del filtrador de los ‘Papeles de la Castellana’, detenido en el marco de la investigación abierta por la Policía tras la denuncia del despacho de abogados “Gabinete Tributario de Orientación Fiscal” por sospechar que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente.

También el de Antoine Deltour, cuyas filtraciones destaparon el caso ‘Luxleak’s, un entramado de favores fiscales en Luxemburgo con más de 350 empresas, que ha sido condenado a seis meses de prisión y 1.500 euros de multa tras apelar su primera sentencia.

Tanto él, como Raphaël Halet, ambos extrabajadores de la consultora PwC, habían sido declarados culpables de robar documentos, revelación de secretos y violación de secretos comerciales en junio del año pasado por un tribunal de Luxemburgo.

Además de los denunciantes, la PDLI señala que periodistas y medios que cubren informaciones basadas en la filtración de documentos se mueven igualmente en un terreno de gran inseguridad jurídica: hace unos meses, por ejemplo, un juez prohibió publicar la investigación ‘Football Leaks’, un trabajo de 12 medios de toda Europa en la que participaba ‘El Mundo’ que revelaba los movimientos económicos de conocidos jugadores de fútbol y entrenadores para, presuntamente, evadir sus obligaciones fiscales, a partir de 18,6 millones de documentos facilitados por una fuente anónima.

La situación jurídica, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años. La última reforma del Código Penal sitúa a las filtraciones en la esfera del terrorismo, al considerar como tal los delitos informáticos (artículo 573). Éstos, por una modificación de última hora, incluyen a quien “por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático” (artículo 197 bis).

Qué se pide desde la PDLI

Frente a la actual desprotección legal, la PDLI, en defensa del derecho a la información, viene reclamando que alertadores como Deltour, Falciani, el presunto filtrador de “Los Papeles de la Castellana” o el de los ‘Papeles de Panamá’ se encuentren amparados por un marco legal adecuado. Un camino que, desde Europa, el Parlamento ya ha iniciado, impulsando un futura normativa comunitaria en esta materia.

En España, sin embargo, la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo la protección a casos muy limitados.

Entre otros cambios necesarios en la proposición de ley sobre denunciantes, la PDLI reclama: que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.

Esto supone, entre otros cambios, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos.

La fuente anónima de los ‘Panama Papers’

La PDLI recuerda que el propio John Doe, la fuente anónima que se puso en contacto con los periodistas del Süddeutsche Zeitung y el ICJ para entregarles 11,5 millones de documentos secretos del despacho panameño Mossack Fonseca que dieron lugar a la investigación de los papeles de Panamá, reclamaba, un mes después de su publicación, protección para los informantes:

“He visto cómo, uno detrás de otro, informadores y activistas han visto sus vidas destruidas por las circunstancias con las que se han encontrado tras revelar lo que son claras malas prácticas. Edward Snowden está en Moscú, exiliado debido a la decisión del Gobierno de Barack Obama de aplicarle la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA merecería un recibimiento de héroe y un importante reconocimiento, no ser desterrado. Bradley Birkenfeld ha sido premiado con millones de dólares por sus informaciones sobre el banco suizo UBS, y aun así el Departamento de Justicia de Estados Unidos le condenó a la cárcel. Antoine Deltour está siendo juzgado por haber facilitado a los periodistas información sobre cómo Luxemburgo garantizó acuerdos fiscales secretos a las grandes multinacionales, robando miles de millones en impuestos de sus países vecinos. Y hay decenas de ejemplos más.

Los verdaderos informadores que exponen incuestionables malas prácticas, ya sea desde dentro o desde fuera, merecen recibir inmunidad desde los gobiernos. Sin ninguna duda. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes para proteger a los informadores anónimos, las autoridades deberán depender de sí mismas o de grandes investigaciones periodísticas, como los papeles de Panamá, para tener acceso a los documentos”.

Próximos encuentros con Grupos Parlamentarios

Tras la pausa de Semana Santa, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) mantendrá encuentros con Grupos Parlamentarios para negociar la introducción de enmiendas en la Proposición de Ley de protección del denunciante de modo que las filtraciones tengan la protección necesaria.