Libertad de expresión

Las ‘Leyes Mordaza’ siguen vulnerando la libertad de expresión 6 años después de su aprobación

27 Mar , 2021  

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha sumado a la campaña #6añosdeMordazas impulsada por ‘No Somos Delito’ para denunciar que, seis años después de su aprobación, las normas conocidas como ‘Leyes Mordaza’ siguen vigentes. Se trata de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.

Desde entonces, numerosos casos de multas y de procedimientos judiciales -e incluso sentencias– con penas de prisión contra periodistas, artistas o activistas, han demostrado la desproporción de estas normas y el daño que causan al ejercicio fundamentales.

Por ello, en reiteradas ocasiones, organismos internacionales han instado a España a proceder a su derogación o reforma para cumplir con los estándares internacionales a los que España está sujeta, como Naciones Unidas y la Comisión Europea.

La última ocasión ha sido la carta que la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha remitido al Ministro de Justicia instándole a una modificación ambiciosa del Código Penal en lo relativo a los delitos de opinión.

Balance 2020

Según se recoge en la memoria anual de la PDLI, aunque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional[4] el artículo 36.23 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sobre la autorización para captar imágenes a la Policía, por entender que incurría en un supuesto de censura gubernativa contrario al artículo 20 CE, la situación sigue siendo negativa.

Los artículos más usados para sancionar no se encuentran entre los que han sido revisados por el TC. Así, el artículo 37.4 sobre faltas de respeto a la Policía fue el tercer motivo de sanción (solo tras consumo/tenencia de drogas en vía pública -36.16- y tenencia de armas -36.10-), con un total de 18.687 multas con una cuantía total 2.813.790 euros. Le sigue el artículo 36.6, sobre desobediencia o resistencia o negativa a identificarse, que representó en 2019 12.645 sanciones con una cuantía de 7.787.554 euros (615 euros multa media), mientras que el artículo 36.23, que ha sido ahora declarado nulo, provocó ‘solo’ 38 sanciones por 25.036 euros (660 euros es la cuantía de la multa media)[6]

En cuanto al Código Penal, en junio la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en septiembre de 2018 aseis meses de prisión a doce miembros del grupo de rap ‘La Insurgencia’ por el delito de enaltecimiento del terrorismo. 

También fue condenada, esta vez por el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga, la mujer acusada de participar en la llamada ‘Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde’ a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por un delito contra los sentimientos religiosos y a pagar las costas del procedimiento judicial.

En noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) decidió no admitir a trámite el recurso del rapero Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasel, contra su condena de nueve meses de prisión que había confirmado el Tribunal Supremo en junio por enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, e injurias y calumnias a la Monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y GRAPO en su perfil de Twitter. El 16 de febrero entraba en prisión.

Impedir otro 15M

La PDLI recuerda que, precisamente, surge en 2014 como una alianza de organizaciones sociales, medios de comunicación y juristas preocupados por el impacto de estas normas en la libertad de expresión y la democracia.

“La desmesurada actividad legislativa de la primera legislatura de Rajoy tiene una explicación, y esa explicación se llama 15M. Las Leyes Mordaza tienen como finalidad dificultar el ejercicio de derechos fundamentales, en la calle y en la red, de modo que sea jurídicamente imposible la repetición de un ejercicio de desobediencia civil masiva como el que los ciudadanos protagonizaron en la primavera de 2011″, explicaba entonces el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida en el manual que presentó en aquel momento alertando de los riesgos de estas normas.


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