La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera muy grave que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, haya incluido una pregunta que contiene una hipótesis posiblemente inconstitucional y contraria a los estándares internacionales sobre libertad de prensa.
Plantea el CIS a la población española, en el barómetro publicado este miércoles, una dicotomía tramposa e inaceptable, al preguntar si “habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales” o si, por el contrario, “hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones”.
La PDLI considera gravísimo que un organismo oficial, vinculado al Gobierno, contemple como posibilidad una situación contraria a los principios del Derecho Internacional sobre libertad de expresión a los que España está sujeta.
La PDLI recuerda que los Poderes Públicos en España están obligados a garantizar la libertad total para la difusión de noticias e informaciones, tanto en los medios de comunicación como en Internet, sin más límites que los que contemplan los estándares internacionales, por lo que la pregunta es del todo improcedente.
BASTA ya de globos sonda. Los límites legítimos a la libertad de expresión, incluyendo la lucha contra los bulos, son los que marcan los estándares internacionales. No varían ni con las encuestas ni con los intereses propagandísticos de los partidos. https://t.co/R3WmXgUaKd
— PDLI (@PDLI_) April 16, 2020
La PDLI también insiste, una vez más, en que desde que empezó la pandemia todos los organismos internacionales de Derechos Humanos se han pronunciado contra los intentos de los gobiernos de aprovechar la emergencia para recortar libertades.
Sobre la lucha contra la desinformación, la PDLI viene exigiendo que se sigan las recomendaciones de los Relatores Internacionales de Naciones Unidas, que en distintas ocasiones se han pronunciado sobre la materia[1] oponiéndose al empleo de la vía penal (salvo en casos muy tasados) para ello.
Por eso la PDLI en días pasados ha rechazado tanto la iniciativa de Unidas Podemos de denunciar ante la Fiscalía General del Estado posibles bulos, así como las reiteradas manifestaciones de los ministros de Interior o Justicia pretendiendo criminalizar la información no veraz o la pretensión de Grande-Marlaska de ciberpatrullar la red con investigaciones prospectivas sin denuncia previa del afectado.
